En diciembre de 2024, la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa Chazuta Amazonía (Fepikecha) declaró «personas no gratas» en territorio indígena del Bajo Huallaga, a Lucinda Vásquez, la congresista de la ‘pedicure más cara del Perú’ y a Cheryl Trigozo.
Esto porque la Fepikecha rechazó las reformas a la Ley forestal y de fauna silvestre dadas por el Congreso al que exhortaron “dar un paso atrás y velar por la institucionalidad forestal de Perú”, normas que respaldaron en su cuestionado dictamen las parlamentarias representantes de la región San Martín, Lucinda Vásquez del entonces Bloque Magisterial y Cheryl Trigozo de Alianza Para el Progreso, según informó Inforegión.
El Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín (Frecides), en su condición de Coordinadora Macro Oriente de las regiones Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali, también desaprobó estas modificaciones y las consideró como un revés y un golpe a la lucha en defensa de la Amazonía, por lo que pidió su nulidad.
De los cuatro congresistas de San Martín, Lucinda Vásquez y Cheryl Trigozo, votaron a favor de la propuesta ―como se señala líneas arriba―, generando críticas en su región. ¿Pero cuál fue la postura de los parlamentarios que representan a las regiones de la Mancomunidad Regional Amazónica (MRA)?
De los 17 en total, ocho apoyaron la iniciativa y solo dos votaron en contra. Los siete restantes se abstuvieron, estuvieron ausentes o con licencia. La MRA está conformada por Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.
Otras denuncias e investigaciones a Lucinda Vásquez
Como se informó en mayo de este mismo año y a través del mismo dominical, tres sobrinos de la congresista fueron contratados por la legisladora en su oficina, ganando hasta S/ 7.200, aunque no tenían título universitario. Igualmente, denunciaron que su hijo, Marti Frans Villacorta se presentaba como empleado del Congreso sin tener ningún vínculo laboral formal.
Además, se le investiga por “mochasueldo” dado que algunos exasesores de la parlamentaria aseguraron que le entregaban parte de sus sueldos, así como a sus familiares. Esto, como si fueran “préstamos personales”, los que quedaron registrados en conversaciones vía WhatsApp, así como los depósitos a cuentas asociadas a Vásquez Vela y a las de su entorno cercano.
A Lucinda Vásquez, también la denunciaron por interferir en el nombramiento de docentes, aunque rechazó las evidencias. Al respecto, la Comisión de Ética del Congreso, en junio pasado, aprobó el inicio de una investigación formal, ya que hay elementos suficientes para determinar si vulneró las normas de ética, hechos a los que suma los recién denunciados.
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