Dirigentes del Valle de Tambo en Islay (Arequipa) se declaran en pie de lucha. La reciente autorización del Ministerio de Energía y Minas al inicio de la explotación del proyecto Tía María, a favor de Southern, ha encendido las alarmas entre las comunidades agrícolas. La respuesta no se ha hecho esperar: los líderes locales preparan una ofensiva jurídica y el reinicio de las protestas para detener lo que consideran una imposición.
Frente a la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM, la resistencia se organiza en dos frentes. Por un lado, delegaciones de agricultores viajarán a Lima para interponer una demanda ante el Primer Juzgado Constitucional. Buscan la suspensión inmediata de los efectos de dicha resolución.
Paralelamente, las calles volverán a ser el escenario de su descontento, con marchas y paros que buscan visibilizar su oposición de década y media.
Este movimiento reaviva un conflicto emblemático para el sur del país. Dirigentes del Valle de Tambo recalcan la producción de la zona para la seguridad alimentaria regional. La voluntad de sus habitantes quedó clara en 2009, cuando una consulta vecinal autoconvocada, reflejó un contundente 97% de rechazo al proyecto minero, un precedente que hoy esgrimen como bandera.
Una conferencia para unificar la respuesta
Para detallar los alcances de estas acciones, los representantes del valle han convocado a una conferencia de prensa. El encuentro se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 10 a.m. en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Lince, Lima. En la mesa estarán los voceros locales Miguel Meza, Paulina Aleja y Agripina Páucar, junto al abogado Rodrigo Lauracio de la Red Muqui y David Velazco, director de FEDEPAZ.
Organizaciones de la sociedad civil que acompañan el caso, como Red Muqui, FEDEPAZ y CooperAcción, han alertado que la decisión del gobierno vulnera derechos fundamentales y amenaza la paz social en Arequipa.
Advierten que esta medida, tomada en un contexto nacional de alta tensión, ignora el historial de conflictividad y los graves episodios de represión pasada, que incluyen pérdidas humanas y líderes criminalizados, profundizando la desconfianza en las instituciones.
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