El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), denunció penalmente a los miembros de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, por desobediencia y resistencia a la autoridad, en agravio del organismo electoral.
La denuncia se enmarca en la demanda competencial interpuesta por el JNE contra del Poder Judicial, que siguen ante el Tribunal Constitucional (TC). “Los referidos jueces superiores han desobedecido deliberadamente lo ordenado expresamente por el TC”, refiere el organismo electoral en su escrito.
Como se informó, los jueces de la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial no acataron la resolución del TC que suspendía y paralizaba la Acción de Amparo que el partido político Unidad Popular presentó ante la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de permitirles participar en las Elecciones 2026.
Los magistrados consideran que “el Tribunal Constitucional no puede ver ni resolver causas en trámite ni interferir en las funciones del Poder Judicial… y que la demanda competencial no es un recurso impugnatorio privilegiado”.
¿Qué determinó el Jurado Nacional de Elecciones?
De acuerdo con la denuncia que presentó Ronald Angulo Zavaleta, procurador del JNE ante el despacho del Fiscal de la Nación, la misma alcanza a los jueces superiores Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca.
De acuerdo con la denuncia que presentó Ronald Angulo Zavaleta, procurador del JNE ante el despacho del Fiscal de la Nación la misma alcanza a los jueces superiores Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca a quienes el 7 de octubre, el Tribunal Constitucional concedió al JNE una medida cautelar y dispuso se suspendan los efectos de las resoluciones judiciales que ordenaban la inscripción del partido político Unidad Popular.
Esto, hasta que se emita la sentencia definitiva en dicho proceso competencial, sin que pueda emitir nuevas resoluciones que pudieran comprometer el desarrollo del cronograma de las Elecciones Generales 2026. Pero, pese a que las resoluciones están en esa Sala Superior para ser resueltas, los magistrados pretenden desconocer la suspensión de tales resoluciones.
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