La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó recomendar la inhabilitación por diez años para el ejercicio de algún cargo público a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.
El informe final de la denuncia constitucional se aprobó la noche del martes, durante su tercera sesión extraordinaria de este grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones de Alianza para el Progreso.
La Denuncia Constitucional que fue planteada por los congresistas Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, José Cueto de Honor y Democracia y Alfredo Azurín de Somos Perú, obtuvo apenas 9 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.
El ponente delegado fue el congresista Jorge Montoya de Honor y Democracia, y en el informe se recomienda también acusar a los magistrados “por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones”.
¿Qué delitos habrían cometido los fiscales supremos según los congresistas?
A los fiscales supremos se les acusa de haber emitido una Resolución, el 14 de octubre del 2024, con la que se aprobó un reglamento que incurrió, según los congresistas, en varias infracciones. Entre ellas, violación de la Ley que modifica el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, que fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agiliza los procesos penales.
Por estas trasgresiones, según consideran, los magistrados habrían incurrido en una usurpación de funciones policiales.
Para los congresistas, los fiscales supremos cometieron infracciones a la Constitución y abuso de autoridad al presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre decretos legislativos aprobados por el Congreso que está pendiente de resolverse en el Tribunal Constitucional (TC).
Además, por haber publicado un reglamento de cumplimiento obligatorio en el Ministerio Público sobre pautas para el proceso de investigación en el marco de la nueva norma. A la espera de que la demanda obtenga algún resultado en contra de la ley que otorga a la PNP la facultad de dirigir indagaciones preliminares.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
