El oficial mayor del Parlamento (e), Jaime Abensur; el director de Comunicación Institucional, Edwin Lévano y otros dos funcionarios del Congreso habrían tenido participación en las autorizaciones para el uso irregular de una cámara institucional en el mitin de Fuerza Popular en el que Keiko Fujimori lanzó su cuarta candidatura.
“Pese a las evidencias, solo un camarógrafo fue separado, mientras que los responsables jerárquicos continúan en sus cargos”, reveló un reportaje de Cuarto Poder en el que se dio nuevos detalles sobre la entrega del equipo del Parlamento para que se usara en un evento de la campaña de Keiko Fujimori.
El único trabajador sancionado con la separación ha sido el camarógrafo Daniel Luza, de la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, pero se sabe ahora que serían cuatro los funcionarios que tenían que ver con la entrega y autorización del material y que estos tenían vínculos directos o cercanos al partido Fuerza Popular.
Quienes aparecen en la cadena de responsabilidades son el oficial mayor encargado del Parlamento, Jaime Abensur; el director de Comunicación Institucional, Edwin Lévano; y otros funcionarios de su entorno. Cabe recordar que junto al camarógrafo viajó a Trujillo, Marco Pacheco, asesor de la congresista Rosangella Barbarán.
¿Quiénes son los cuatro funcionarios involucrados?
Jaime Abensur Pinasco, quien estaba encargado de la Oficialía Mayor entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, es director general parlamentario y militante activo de Fuerza Popular. Aunque negó su responsabilidad en el informe, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo lo señala como uno de los responsables administrativos.
Está también Edwin Lévano Gamarra, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Reconoció que depende jerárquicamente del Oficial Mayor, que en ese momento era Abensur. Evitó decir si autorizó la salida del equipo, argumentando que el caso está en investigación, pero dejó entrever que “un subordinado no habría actuado sin órdenes”.
Está implicado, además, César Arévalo Guzmán, jefe de seguridad del Congreso quien no respondió sobre cómo una cámara institucional pudo salir del recinto sin ser registrada. Es más, un subordinado, identificado como Alberto Castillo Espirilla, aparece en el video del mitin prestando servicios de seguridad, lejos de su centro de trabajo y durante su horario laboral.
Y está también, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, quien sería el responsable político de esta irregularidad, porque las oficinas involucradas dependen de la estructura jerárquica que preside.
¿Quiénes se han pronunciado sobre el caso y qué dice la Procuraduría?
En el reportaje, el secretario del sindicato cuestiona que la responsabilidad del uso del equipo institucional haya recaído únicamente en el camarógrafo. «Nadie baja a un evento político sin una orden superior», afirmó. Y también aseguró que “las tareas audiovisuales se asignan de manera estrictamente jerárquica”.
Además, para los miembros del sindicato, la investigación de este caso no tiene la independencia debida, pues afirman que, “hay personal superior que no ha sido sancionado o siquiera citado para diligencias internas”.
Asimismo, sostienen que, el hecho de que la cámara institucional terminara grabando un mitin de la lideresa de Fuerza Popular, tal como quedó registrado en imágenes durante ese acto partidario, “constituye un uso abiertamente indebido de bienes públicos”.
Por su parte, “la Procuraduría ha solicitado información y documentación sobre la cadena de custodia del equipo, pero la Oficina de Comunicaciones habría entregado reportes incompletos”, refieren en el reportaje.
Pero los funcionarios señalados no han dado explicaciones públicas y en el Parlamento no hay ampliación de la investigación, ni medidas administrativas adicionales, como sí ocurre con otros casos, pese a que está confirmado que la cámara, siendo un bien del Estado, terminó usado en un acto proselitista.
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