La congresista Diana Gonzales logró que se vote por separado las disposiciones finales del REINFO, que permitirían que 50 mil mineros excluidos vuelvan a operar. Señala que, incluso sin ellos, la recaudación tributaria ha sido mayor, confirmando que ni siquiera pagaban impuestos.
Miles de mineros están a la expectativa de que el Pleno apruebe la extensión de la vigencia del REINFO hasta 2027 y suspender los procesos de exclusión administrativos. Cientos de ellos se encuentran en los exteriores del Congreso, mientras que, en regiones, otros han optado por bloquear carreteras.
Gremios del sector como Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) alertan que la ampliación se usaría como un “escudo” para la minería ilegal. Según sus estimaciones, solo el 4 % de los 50 mil mineros excluidos presentó una solicitud de reconsideración tras su depuración, lo que pone en duda que la mayoría cumpla los requisitos de formalidad.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respaldó una extensión del REINFO, argumentando que existe un grupo de aproximadamente 30 mil mineros con registros vigentes que “no pueden quedar en el aire” y que la ampliación del registro resulta inevitable ante la ausencia de una ley que regule la pequeña minería y minería artesanal (la futura ley MAPE).
El dictamen pasó a cuarto intermedio, pues se han recogido varias propuestas de diferentes legisladores. Entre ellas se busca prohibir a como dé lugar el uso de mercurio para las operaciones mineras.
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