Una de las peores desgracias que pueden ocurrirle a una sociedad y a su Estado es la politización de la Justicia. La función del Poder Judicial determinada por la sociedad y el pacto social es resolver los conflictos jurídicos con imparcialidad, es decir, aplicando estrictamente la letra de la ley, el derecho, y con celeridad a las personas participantes de esos conflictos, cualesquiera que sean su edad, sexo, educación, profesión, ideología, preferencia política, cultura, religión y otras creencias.
Lamentablemente, este no es el caso del Estado peruano ahora, cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial están dando muestras de una politización que descalifica a sus protagonistas, imbuidos de su poder y de la soberbia que este suscita en los espíritus deficitarios de moral.
La intervención política en la administración de la justicia, emitiendo órdenes de acusación o presionando a ciertos fiscales y jueces que se prestan a ese juego, resucita las lettres de cachet del antiguo régimen en Francia, emitidas por algunos altos funcionarios por un precio, con las cuales se podía encarcelar a las personas sin expresión de causa. La presunción de inocencia, propuesta por el joven Cesare Beccaria, surgió contra esas iniquidades. Y fue, por eso, incorporada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (art. 9º). Y luego, en casi todas las otras constituciones del mundo.
La inclinación de ciertos grupos políticos a infringir los derechos humanos no es privativa del Perú. Por su contagio y frecuencia, pareciera un huracán que corre por encima de las fronteras. Felizmente, hay en todas partes gente proba que le advierte al pueblo que debe reaccionar. La pregunta que viene a continuación es si el pueblo reaccionará o si tiene los elementos conceptuales para reaccionar.
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