La decisión de abandonar los intereses de Arequipa en favor de Cerro Verde, la minera más grande del Perú en cuanto a la explotación de cobre, corresponde a SEDAPAR. Los mandamases de la empresa de saneamiento de Arequipa son el presidente de la Junta de Accionistas, Víctor Hugo Rivera, en su calidad de alcalde provincial; y el presidente del Directorio, Marco Falconí Picardo, excongresista y exmiembro de la controversial Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ambos, eternos candidatos en elecciones regionales y municipales que -tras muchos años- lograron un triunfo electoral que ahora usan para perjudicar a su ciudad.
En medio de un ambiente de secretismo y a espaldas de la población, el Octavo Convenio Marco entre Sedapar y Cerro Verde se suscribió el viernes pasado en la ciudad de Lima donde el presidente José Jerí iba a apadrinar el acuerdo, lo que finalmente no sucedió. Mediante el documento, se entrega el agua servida de Arequipa por 35 años o más, luego de ser tratada en la planta La Enlozada.
Hasta entonces, SEDAPAR no informó los términos del Convenio, pese a varias solicitudes de información y aunque se trata de un asunto que afecta a toda la población , actual y futura, no se socializaron los términos con autoridades ni la sociedad civil.
Así, el recurso hídrico limitado y escaso que tiene Arequipa, ya utilizado por la población pero con posibilidades de reuso como se hace en todo el mundo, ha quedado hipotecado por tiempo indefinido para uso exclusivo de la empresa minera.
Los «términos» del «acuerdo»
Pese a que, por años, se habló y discutió sobre el monto que la empresa minera debía pagar por el uso del agua tratada, finalmente, se desestimó cobrarle. No se venderá el agua tratada, en cambio, se apelará a la buena voluntad de Cerro Verde para que efectúe una «contraprestación» por ese uso.
Sin embargo, se ha fijado un costo por metro cúbico de agua tratada, mínimo que contradice todos los cálculos anteriores, para que se tome en cuenta en la «contraprestación» que se hará a través de obras en un listado cuya prioridad tampoco ha sido socializada sino impuesta.
Lo más indignante del hecho es que estas otras se harán bajo convenio en la modalidad «Obras por Impuestos» que es una modalidad de contratación por la cual la empresa deja de pagar impuesto por un monto equivalente a lo que invierte en lal obra. Así, la «contraprestación» no es tal, por que la empresa ya está «cobrando» (por usar un término que se entienda) por esas obras. Su retribución por el uso del agua tratada termina siendo igual a cero.
Pero hay más. La minera cobra montos elevados por la construcción y la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) La enlozada, que construyó al lado de sus operaciones, lo que elevó sus costos en su momento. Y sus «cálculos», en contraposición a los que hizo una empresa auditora especializada alemana, resultaron más altos de lo imaginado y, curiosamente, igualan o exceden lo que debía pagar el el uso del agua hasta el momento.
En suma, según explicaron los funcionarios de SEDAPAR, la minera Cerro Verde está siendo magnánima con Arequipa. Y su filantropía es lo único que permite descontaminar las aguas y salvarnos de esa carga que-en la práctica- le ha permitido quintuplicar sus operaciones.
La negligencia de SEDAPAR
La que podría ser la «peor negociación de la historia», deja a SEDAPAR, una empresa pública, prácticamente en la indigencia por los próximos 35 años. Pues el convenio rige hasta el año 2060 o «hasta que la minera finalice sus operaciones, lo que ocurra después». En otras palabras, SEDAPAR no podrá dotar de agua a grandes masas de pobladores que permanecen sin el recurso básico porque su prioridad en darle todo tipo de facilidades a la gran empresa.
Todas las explicaciones del «entreguismo» brindadas en conferencia de prensa este lunes 22 se basan en la falta de recursos. Sin embargo, la propia gerenta de la empresa, Yanet Montoya, a quien deberían darle un curso básico de finanzas empresariales, reconoció que están dejando de cobrar a Cerro Verde por el agua utilizada desde 2015, un total de 2 mil 163 millones de dólares. Según estimaciones de entendidos, lo que se dejará de cobrar hasta 2060 supera los 8 mil millones de dólares. Aquí sí aplica la frase: «son pobres porque quieren».
Así pues, más allá de las posibles responsabilidades civiles y penales por esta «mala negociación», Víctor Hugo Rivera Chávez y Marco Falconí Picardo le deben una explicación a Arequipa con la que acaban de adquirir una deuda histórica. La población no lo olvidará.
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