El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley para que “miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que empleen sus armas en defensa del orden público y frente a ataques contra infraestructura pública o privada, no tengan responsabilidad penal”, sin hacer referencia alguna a los abusos que puedan cometer.
De acuerdo con su iniciativa de ley, los efectivos militares y policiales que, en ejercicio de sus funciones y protegiendo instalaciones públicas o privadas, así como la vida e integridad de personas, cause lesiones o muerte al usar sus armas de manera reglamentaria, no se le responsabilizará penalmente.
Más aún, busca eximirlos de la reparación civil alegando que, «la reparación civil se determina juntamente con la pena y es un derecho que solo corresponde a la víctima del delito (…) No corresponde pago de reparación civil a quien está exento de responsabilidad penal».
Este proyecto de ley, que se debate en la Comisión de Justicia que preside el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, busca modificar el artículo 20 y 92 del Código Penal. Y, fundamenta que, tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado, se registraron manifestaciones sociales y movilizaciones de protesta en todo el país.
Rospigliosi dice que efectivos son “perseguidos políticos”
El titular del Legislativo, pretendería sancionar a los ciudadanos que se manifiesten. Argumenta que, “durante las movilizaciones del 2022, se registraron daños en comisarías, sedes del Poder Judicial y diversas entidades del Estado. Y que en la ciudad de Juliaca atacaron a dos policías”.
Pero no menciona nada sobre los protestantes que murieron por la represión desmedida que hubo contra los civiles. Con más de 50 muertos y cientos de heridos, ni los casos de abusos cometidos durante las protestas pacíficas contra ciudadanos y periodistas.
Para Rospigliosi, «no puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional, sean hoy día perseguidos por la fiscalía», aclamó, tras una consulta.
Insistió que lo que hay “no son investigaciones, sino una persecución política contra los efectivos policiales y militares que defendieron, por ejemplo, el orden constitucional tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 perpetrado por el sentenciado Pedro Castillo Terrones”.
Refirió que hay 1 323 policías y militares a quienes se les investiga, procesa y llama, algunos como testigos (…) “Esa es la estrategia de esta gente”. Y dijo que después, inmediatamente los involucran como acusados, comentó.
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