La tecnología, pensada para facilitar las transacciones diarias, se convirtió en este caso en una herramienta de hostigamiento. En un fallo que marca un precedente sobre el uso indebido de plataformas digitales, el 5to Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa dictó sentencia contra un hombre que no aceptó el fin de su relación sentimental. La jueza Crisley Herrera Claure impuso 4 años de pena privativa de la libertad suspendida a Juan Dávila D., tras encontrarlo responsable del delito de acoso en agravio de su exenamorada.
Según detalló la investigación fiscal durante el proceso, el imputado buscó formas alternativas para vulnerar la tranquilidad de la víctima luego de que ella decidiera cortar todo vínculo con él. La mujer, agotada por la insistencia, optó por bloquear al sujeto de las llamadas telefónicas y de la aplicación de mensajería WhatsApp. Sin embargo, lejos de respetar esta decisión, Dávila encontró una vía de comunicación en la billetera digital Yape. A través de este aplicativo, el sentenciado realizó reiterados actos de acoso enviando montos mínimos de dinero, como transferencias de apenas 10 céntimos, acompañadas de mensajes donde insistía obsesivamente en retomar la relación.
Esta conducta persistente fue valorada por el juzgado como un claro acto de hostigamiento, demostrando que el agresor utilizó deliberadamente la plataforma de pagos para eludir los bloqueos digitales que la víctima había impuesto para su protección. Durante el desarrollo del juicio, la contundencia de las pruebas motivó un cambio en la estrategia de la defensa. Juan Dávila admitió los cargos imputados en su contra, acogiéndose a la figura legal de la conclusión anticipada del proceso, lo que aceleró la emisión del fallo judicial y evitó una prolongación innecesaria del litigio para la agraviada.
Reglas de conducta y advertencia judicial
Como parte de la sentencia conformada, la magistrada estableció medidas estrictas que el condenado deberá cumplir para mantener su libertad. El juzgado ordenó el pago obligatorio de S/ 1,000 por concepto de reparación civil a favor de la víctima. Además, Dávila deberá someterse a terapias psicológicas y cumplir con otras reglas de conducta específicas diseñadas para garantizar que no vuelva a incurrir en actos similares y para proteger la integridad emocional de la denunciante durante el periodo de prueba fijado en dos años.
La jueza Herrera Claure cerró la audiencia con una advertencia contundente hacia el sentenciado. La autoridad judicial le aclaró que la suspensión de la pena no es absoluta, sino que está condicionada a su comportamiento. La magistrada advirtió al imputado que, en caso de incumplir una sola de las reglas de conducta impuestas, el juzgado revocará la suspensión y dispondrá su inmediato internamiento en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, donde deberá purgar los 4 años de cárcel de manera efectiva.
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