En un momento de extrema fragilidad política, donde el Congreso de la República del Perú enfrenta niveles históricos de baja aprobación ciudadana, surge una nueva controversia interna. Al proyecto de ley presentado por tres congresistas para que, “aunque se supriman, fusionen o transformen las cámaras legislativas, los contratos y beneficios laborales del personal se mantengan intactos.
Se suma ahora el reclamo formalizado del Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON) con el que busca la estabilidad laboral de decenas de empleados, sin importar que la opinión pública cuestiona duramente el gasto y la eficiencia de esta institución que ahora dirige, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular.
Los congresistas Elvis Vergara, Roberto Sánchez y Susel Paredes plantearon ya a inicios de setiembre del año pasado, que se incorpore una Quinta Disposición Transitoria Especial en la Constitución del Perú, con el fin de asegurar que los trabajadores y sus beneficios se mantengan intactos. Porque sustentan que, “aunque la estructura cambie, el Congreso mantiene su identidad jurídica, lo que obliga a preservar la continuidad laboral de su personal”.
Si bien la propuesta se enmarca en principios constitucionales como el derecho al trabajo y la progresividad de los derechos laborales, además de reconocer convenios colectivos y beneficios adquiridos y respetar el salario, según esta quinta disposición, se estaría asegurando a los trabajadores que ingresaron en los últimos cuatro o cinco años.
El proyecto de ley 11579 ha recibido al momento el respaldo de más de 35 parlamentarios de diferentes bancadas y a la espera de ser debatido en la Comisión de Constitución que ahora preside Arturo Alegría de Fuerza Popular.
¿Qué exige el Sindicato a la Mesa Directiva del Congreso?
El pasado 22 de octubre de 2025, el secretario general del SITRACON, Tulio Vizcarra Basto, remitió una carta al presidente del Congreso, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. En el documento, se expone la situación de 37 trabajadores sujetos al régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que, según el gremio, estarían laborando bajo condiciones que contravienen la normativa vigente.
Refieren que este grupo de colaboradores ha venido renovando sus contratos cada tres meses, a pesar de que la Ley N.º 31131 establece que los contratos CAS deben ser de carácter indefinido. El sindicato sostiene que estos trabajadores «no pueden ser despedidos sino por una causa justa debidamente comprobada, un derecho que se les estaría negando mediante renovaciones temporales sucesivas».
El sustento legal del reclamo se apoya en una Sentencia del Tribunal Constitucional. Esta, aunque declaró inconstitucionales algunos artículos de la mencionada ley, mantuvo la vigencia del artículo 4. El que elimina la temporalidad sin causa en el régimen CAS. Bajo este marco, el SITRACON argumenta que todos los colaboradores con vínculo vigente al 10 de marzo de 2021 debieron ser considerados automáticamente como personal con contrato indeterminado.
La lista de los 37 trabajadores afectados incluye nombres con años de servicios continuos que superan, en varios casos, los cinco años de labor ininterrumpida. Entre ellos se encuentran empleados que ingresaron en mayo de 2020. Acumulan a la fecha una experiencia que el sindicato utiliza como base para exigir la equidad laboral. Esto, frente a otros colegas que ya fueron trasladados a regímenes más estables.
No obstante, el sindicato no solo aboga por los 37 trabajadores antiguos. También incluye en su pedido a un segundo grupo de 12 colaboradores CAS. Estos empleados, que ingresaron entre noviembre de 2022 y julio de 2023, también son propuestos para alcanzar la indeterminación contractual. Apelan a la autonomía constitucional que posee el Congreso.
Piden además traslado al régimen laboral de la actividad privada
El pedido del SITRACON no se limita a la estabilidad, sino que busca el traslado definitivo al régimen laboral de la actividad privada (DL 728). Para ello, invocan el cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo 2024-2025. Esta estipula que el Congreso debe continuar con el traslado de trabajadores sujetos a los regímenes 276 y 1057 (CAS) de forma progresiva.
Dicho acuerdo colectivo establece que los traslados deben realizarse observando criterios de disponibilidad presupuestaria y en cumplimiento de los parámetros de la autoridad jurisdiccional. El sindicato enfatiza que la Mesa Directiva tiene el carácter autónomo necesario para autorizar este cambio. «Mediante un Acuerdo de Mesa, poniendo fin así a la precariedad del régimen CAS en la institución», subrayan.
La presión del gremio laboral llega en un instante donde la Mesa Directiva, presidida por Rospigliosi, debe equilibrar las demandas de sus trabajadores con la mirada fiscalizadora de los ciudadanos que demanda austeridad. La respuesta del presidente del Congreso ante esta solicitud será clave para definir si se priorizan los compromisos sindicales. O si se opta por una gestión que intente mitigar el descontento social.
Tulio Vizcarra Basto en su misiva expresa su confianza en que la situación se «subsane a la brevedad posible». Para garantizar los derechos de los 49 trabajadores que mencionan. Esta celeridad que piden tendrá que resolverla la administración actual. Enmedio de un conflicto de derechos laborales en un escenario de profunda desconfianza ciudadana sobre el Poder Legislativo.
Antes debía cumplirse cinco años como mínimo para ser indeterminado
De acuerdo con lo previsto antes en las disposiciones, la duración de un trabajador siempre fue de cinco años como mínimo para pasar a ser indeterminado. Esto porque nadie llegaba a cumplir los cinco años. Toda vez que los contratos vencían el 26 de julio del último año de legislatura y empezaban en agosto del siguiente con los nuevos congresistas.
Es decir, que según los contratos de este Congreso que terminarán el 26 de julio de 2026 y que iniciaron en agosto del 2021 en el mejor de los casos, nadie debería quedarse. Así era antes. por lo que era imposible se nombren a los trabajadores por ese motivo. Era justo además, porque no hay concursos públicos para que haya nombramientos en el Congreso hace varias decenas de años.
El último que lo intentó hacer fue el congresista Daniel Salaverry -entonces de Fuerza Popular- cuando presidió el Congreso de la República. Esto, entre el 26 de julio del 2018 y el 27 de julio del 2019, pero no pudo hacerlo por las presiones de los sindicatos.
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