El controvertible congresista por Arequipa, Edwin Martínez ha sido protagonista de dos hechos en la semana. Se ha autopropuesto como reemplazo del presidente de la República, José Jerí, en caso sea retirado del cargo, porque afirma que tiene “la capacidad y preparación para asumir un rol tan importante y enfrentar los desafíos actuales”.
Dice esto, pese a que, en diciembre del 2025, Martínez obtuvo solo un voto en las elecciones internas de Acción Popular, en las que postulaba en la lista 3, para ser candidato a presidente de la República. Y tras truncarse su aspiración, anunció que no postulará para ser senador o diputado y que podría presentarse para el Gobierno Regional de Arequipa.
El otro hecho que ha protagonizado es la denuncia que ha interpuesto contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por permitir el mal uso de S/80 millones en la franja electoral que se entrega a cada partido y también lo acusa de negligencia en la implementación del voto digital.
Pero Martínez Talavera, actual congresista por el partido Acción Popular representando a Arequipa, desde que desempeñó el cargo de alcalde del distrito de Mariano Melgar del 2015 al 2018, ha tenido una trayectoria política marcada por incidentes de conducta pública y una serie de investigaciones judiciales que lo persiguen desde esa gestión municipal hasta su actual labor legislativa.
La investigación por lavado de activos es la más grave de cuando fue alcalde
En sus años previos a la política, Martínez se dedicaba a la distribución de cerveza utilizando una antigua camioneta de los años ochenta, siendo esta su única fuente de ingresos entonces. Sin embargo, tras asumir la alcaldía, su perfil público cambió, no solo por su labor administrativa, sino por protagonizar incidentes como conducir en estado de ebriedad, encadenarse al Palacio de Gobierno y verse involucrado en constantes altercados físicos. Antecedentes que le dieron una imagen de «político peleón» que ha mantenido incluso en el Congreso.
La investigación más grave que enfrenta Martínez de cuando fue alcalde es una acusación por lavado de activos, por la cual el Ministerio Público solicita 11 años de pena privativa de la libertad. Según la tesis fiscal, el parlamentario habría utilizado dinero de procedencia ilícita, presuntamente obtenido durante su gestión edil, para incrementar su patrimonio y el de su entorno cercano. La fiscalía sostiene que Martínez no ha podido justificar un desbalance patrimonial de aproximadamente 700,000 soles.
La acusación se centra en el edificio de tres pisos que construyó en el distrito de Socabaya, destinado a sus tres hijos. La pericia fiscal indica que el inmueble cuenta con acabados de lujo, estacionamientos e incluso una piscina, que superan largamente lo declarado inicialmente por el congresista.
Martínez ha minimizado estos hallazgos ante la prensa, calificando la piscina como un «pozo de pato» y alegando que la propiedad fue construida con ahorros de sus 30 años de trabajo.
Además del inmueble, la red de presunto lavado involucra a su exesposa, sus hijos y su actual pareja, quienes figuran como co-investigados por la adquisición de diversos vehículos de lujo. Se sospecha que Martínez habría proporcionado el dinero para la compra de al menos seis autos, incluyendo uno adquirido al contado por su pareja sentimental por 20,000 dólares en 2017. Transacciones sospechosas para la fiscalía, porque entonces como alcalde declaraba ingresos mensuales que apenas rondaban los 4,500 soles.
El caso “Los Niños”, la Operación Valkiria V, lo involucran como congresista
Ya como congresista, Edwin Martínez está incluido en la compleja investigación del caso «Los Niños». La fiscalía lo categoriza dentro del grupo «Niños 2». Este está conformado por legisladores que habrían tenido nexos con el gobierno del expresidente Pedro Castillo para obtener beneficios ilícitos a cambio de apoyo político. Se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Su nombre también ha surgido en las investigaciones de la Operación Valkiria V, que desarticuló una presunta red criminal liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según las indagaciones, Martínez sería uno de los 42 congresistas que habrían pactado con asesores de Benavides. Esto, para votar a favor de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos y la elección del Defensor del Pueblo. Aunque el congresista ha negado rotundamente conocer a los asesores implicados, su voto coincidió con los intereses de la red denunciada.
En el ámbito ético y administrativo, Martínez enfrentó un escándalo por la contratación en su despacho de Isabel Cajo. Una trabajadora presuntamente vinculada a una red de prostitución y chantaje dentro del Congreso. Por revelaciones periodísticas se sabe que Cajo tenía una cuenta en plataformas de contenido para adultos y estaba relacionada con el jefe de la oficina legal del Parlamento, sindicado como cabecilla de dicha red. Martínez defendió la contratación alegando que solo evaluó su currículum y que la vida privada de su personal no le interesaba.
La postura del legislador frente a temas de género también ha generado un fuerte repudio social. Recientemente, fue denunciado ante la Comisión de Ética por sus comentarios machistas sobre una mujer que denunció por violación al actual presidente interino, José Jerí. Martínez responsabilizó públicamente a la víctima. Afirmó que «no debió embriagarse ni exponerse» y que una mujer debe «mantener la cordura» para evitar este tipo de situaciones. Estas declaraciones las calificaron como una revictimización de la denunciante.
Martínez tiene un futuro legal incierto porque procesos han avanzado
A pesar de estos cuestionamientos, Martínez mantiene un rol activo en el debate legislativo. Aunque a menudo de forma aislada de su propia bancada de Acción Popular. Durante el cierre de la última legislatura, criticó la denominada «Triple Alianza» entre Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre. Los acusó de dañar la institucionalidad del país para favorecer intereses particulares. Asimismo, se ha opuesto a reformas agrarias que, según él, perjudican al pequeño agricultor.
El futuro legal del congresista se presenta incierto, ya que los procesos por lavado de activos se encuentran en etapa avanzada cerca del juicio oral. Martínez ha intentado deslegitimar estas investigaciones acusando a la prensa y al Ministerio Público de inventar «historietas» para dañar su imagen. No obstante, las pruebas periciales sobre sus bienes y los testimonios recogidos por la fiscalía son el principal sustento de las acusaciones en su contra.
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