El Consejo de Mujeres Awajún, informó que el 14 de enero del 2025 se celebró el inicio la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT) en Condorcanqui, Amazonas, para proteger a las víctimas de abuso sexual en las comunidades awajún y wampís. Sin embargo, a un año de su labor, ha sido desmantelada.
Esto por cuanto se han despedido a 26 trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Río Santiago y El Cenepa, por “falta de presupuesto”, con lo que cientos de casos han quedado a la deriva, al quedarse sin psicólogos, abogados defensores ni trabajadores sociales para atender a las poblaciones más vulnerables, denunció Rosmery Pioc, presidenta del Consejo.
Refirió que se había dado un paso histórico para proteger a las víctimas de abuso sexual en las comunidades awajún y wampís. Pero hoy ese esfuerzo corre el riesgo de quedar en nada, dijo. “Me resulta incomprensible que, pese a que las sedes del Ministerio Público en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa están totalmente equipadas, ahora el sistema de justicia sea desarticulado por falta de presupuesto”.
“No se trata de un simple recorte sino de que la han desmantelado despidiendo de manera arbitraria a 26 trabajadores CAS. Estaban enfocados en la tramitación de los casos de agresiones sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes awajún y wampís”, aseguró.
Hacen llamado al presidente Jerí a ministros a restablecer la fiscalía
Pioc dirigiéndose al presidente José Jerí dijo que, “desarticular la protección a las víctimas de abuso sexual es una negligencia que no podemos permitir. Exijo al Ministerio de Economía, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público que restablezcan de inmediato la operatividad de estas sedes y sus equipos multidisciplinarios. Para que no gane la impunidad y que la dignidad de las niñas y mujeres debe ser una prioridad los 365 días del año.
De acuerdo con lo informado, solo en 2025 se ha registrado alrededor de 300 nuevos casos de abuso sexual contra menores en las comunidades nativas de Condorcanqui. Además, el desmantelamiento de estas unidades fiscales pone en riesgo el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, que es la primera de la provincia. Se dejaría a las víctimas sin profesionales especializados en el ámbito legal, psicológico y social.
De acuerdo con una fuente del Ministerio Público de Amazonas, alrededor de 26 trabajadores CAS han sido despedidos. Advirtió que ante esta situación las fiscalías penales provinciales quedarían sin el apoyo administrativo indispensable para avanzar con las investigaciones.
“Hay una vulneración de derechos indígenas. El Estado incumple su deber de protección hacia los pueblos Awajún y Wampís, permitiendo que la falta de recursos económicos se convierta en cómplice de la violencia sexual”, señaló la fuente.
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