El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) enfrenta dificultades para acreditar sus dos Centros de Acogida Residencial (CAR), siendo los únicos en la región sin este permiso oficial. José Fernando Isuiza, gerente de desarrollo e inclusión social, confirmó que el proceso continúa vigente a pesar de que el plazo inicial venció el pasado 18 de marzo. Actualmente, la institución gestiona una ampliación para subsanar las observaciones técnicas exigidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La principal traba para obtener la acreditación radica en el deficiente estado de mantenimiento de las casas de contingencia. Las autoridades indicaron que recientemente recibieron la asignación presupuestaria necesaria para ejecutar las mejoras en la infraestructura. El plan de trabajo establece un plazo de 45 días para concluir las reparaciones antes de proceder con el traslado de 10 menores de edad hacia ambientes adecuados.
Esta situación administrativa deriva de una transferencia de competencias incompleta que data de la gestión del exgobernador Vera Ballón. El gerente señaló que, técnicamente, el Gobierno Regional no debería administrar estos centros, pues dicha responsabilidad corresponde exclusivamente al Ministerio de la Mujer. Mientras se resuelve el traspaso definitivo, el compromiso actual es lograr la acreditación bajo cualquier costo operativo para garantizar el bienestar de los niños.
Crisis de pobreza en la periferia
Isuiza también alertó sobre la situación de extrema pobreza en zonas como la Vía de la Joya, Yura y las partes altas de Cayma. La inaccesibilidad geográfica eleva drásticamente el costo de vida y dificulta el acceso a servicios básicos como el agua potable. Ante esta carencia, el Comité de Damas Voluntarias y asociaciones privadas llevaron coordinando la recolección y entrega de alimentos para las familias que viven del día a día.
Denuncias en el transporte público
En el sector transporte, se reportaron cerca de 50 quejas durante el año pasado relacionadas con la discriminación hacia personas con discapacidad. Los transportistas omiten frecuentemente el derecho de pase libre de CONADIS y se niegan a recoger a estos ciudadanos en sus rutas habituales. La Unidad Funcional de Personas con Discapacidad anunció intervenciones directas para sancionar estos incumplimientos y asegurar el derecho a la accesibilidad.
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