El Pleno del Congreso aprobó, con 95 votos a favor, que los 373.233 trabajadores que están bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) reciban gratificaciones y CTS. Esto significará un gasto anual permanente de más de S/3050 millones de soles que no está considerado dentro del presupuesto general de la República 2026.
Al haberse aprobado en segunda votación esta propuesta que modifica el régimen CAS para incorporar los nuevos beneficios laborales para los trabajadores del sector público debe pasar al Poder Ejecutivo para observarla o ratificarla. De no hacerlo, podría ser aprobada luego por insistencia en el Parlamento.
La propuesta plantea que los trabajadores CAS reciban gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, que equivalen a una remuneración mensual cada una. Además, se suma la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que “se calcularía tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año trabajado y se pagaría al término del vínculo laboral”, según el proyecto.
De acuerdo con la información oficial del sistema de servicio civil al 2024, en el país hay 373.233 trabajadores bajo el régimen CAS, por lo que el fisco necesitará cerca de S/3.000 millones de soles al año para cumplir con esta nueva ley que se aceptó en segunda votación y pasará al Ejecutivo
Castilla: “Medida es populista porque es un gasto no presupuestado”
El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla ha advertido que esta medida populista impulsada por Alianza Para el Progreso (APP) generaría un gasto no presupuestado de S/3050 millones, de los cuales alrededor de S/2.000 millones corresponderían a gratificaciones y S/1.000 millones al pago de CTS.
“La cifra de gasto estimada carece de una fuente de financiamiento identificada…es ‘una raya más al tigre’ del populismo legislativo. El costo de esta sola ley equivale a tres veces el presupuesto anual del programa social Juntos”, dijo el economista a Perú 21.
Este proyecto es un claro ejemplo de la falta de control del Poder Ejecutivo frente a las iniciativas de gasto del Congreso. Las cuales suelen estar prohibidas por orden constitucional, refirió.
«Todo esto probablemente sea parte, estoy especulando, digamos de la antesala para poder obtener una aprobación del voto de investidura del gabinete. Entonces creo que hay mucho clientelismo y que continúa, atisado por el periodo electoral que estamos viviendo. Y por la necesidad de este gobierno de conseguir los votos para seguir gobernando», agregó.
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