Todo lo que podía salir mal en estas Elecciones 2026 está saliendo peor. Tanto las pataletas fraudistas como los horrores de la ONPE y del JNE solo eran la puntita. Lo que se viene con las actas impugnadas es una auténtica pesadilla.
Una vez que terminen de contarse las cerca de 1000 actas pendientes comenzarán a revisarse alrededor de 5400 actas observadas por errores materiales, aritméticos, entre otros. Según advirtió el excanciller Javier González Olaechea, este proceso recién terminaría entre la primera o segunda semana de mayo.
No obstante, el problema puede empeorar, ya que los personeros de Renovación Popular han comenzado a pedir que se anulen mesas de votación donde Roberto Sánchez tiene mayor votación. Para empezar, ya presentaron nulidades para 93 mesas en Cajamarca, donde Juntos por el Perú consiguió una votación mayoritaria. Y apenas es el comienzo.
Todo esto mientras el país sigue entre la incertidumbre y la conspiranoia propiciada por el fraudismo. Al final, Porky va a enyucarle su plan Morrocoy a todo el país. Nefasto.
Rafael López Aliaga ofrece recompensa a trabajadores de ONPE y JNE para denunciar fraude, pero borra el comunicado ante posible delito
Rafael López Aliaga se ha convertido en aquello que tanto criticaba. Después de amenazar con incendiar Lima y de querer sodomizar al jefe de la JNE, Porky quiere más. ¿La nueva estrategia? Ofrecer una recompensa a trabajadores de la ONPE, el JNE o cualquier entidad vinculada al proceso electoral para que denuncien supuestas irregularidades, fraude o sabotaje en su contra.
Y no era cualquier incentivo: 20 mil soles para quien se anime a hablar, un sencillo para él, pero una propuesta muy peligrosa para cualquiera. Un llamado tan polémico como riesgoso, que rápidamente encendió las alarmas, incluso dentro de su propio entorno político.
El congresista y candidato al Senado José Cueto marcó distancia del líder de su partido, dejando en claro que no se puede actuar como si un partido político fuera una autoridad policial ofreciendo recompensas.
Además, el propio Código Penal sanciona este tipo de conductas, ya que podría configurarse como cohecho pasivo impropio, al implicar la entrega de un beneficio indebido a cambio de acciones vinculadas al ejercicio de funciones públicas.
Quizá por eso, en un breve momento de lucidez, el propio Aliaga decidió eliminar el comunicado a los pocos minutos. Un gesto que no borra lo ocurrido y que lo pone al mismo nivel que un fariseo: lanzar la piedra y esconder la mano.
¿Así pretendía gobernar el país?
Abogado de empresa Galaga responsabiliza a ONPE por falta de material electoral
Resulta que, según el abogado Cristian Castillo, de la empresa Galaga, la ausencia de material en los 13 locales de votación de Lima que dejaron a más de 50 mil ciudadanos con las ganas de sufragar el último domingo, no fue culpa suya, sino de la ONPE, esa clásica muletilla del “no fui yo”. A la medianoche del domingo 12 de abril, 35 camiones de la empresa estaban tan listos como un niño sin mochila el primer día de clases: o sea, sin materiales electorales para trasladar.
Castillo, con una lógica abogadil, explicó que su trabajo consiste en recoger lo que la ONPE les ponga en el piso, y si no hay nada, pues a esperar. Eso sí, juró que no hubo “ningún incumplimiento”, porque luego, cuando por fin aparecieron las cosas, ellos cumplieron.
El detalle cómico: cada centro necesitaba dos camiones, uno con ánforas y lapiceros, otro con equipos informáticos; pero el segundo nunca estaba abastecido, así que el primero, aunque lleno, no podía moverse. Hasta la Contraloría detectó a un pobre funcionario de la ONPE gritando “¡faltan computadoras!” cuando ya habían cerrado el camión. En resumen: un baile de excusas donde el único que no pierde es Galaga.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
