La comunidad agrícola de La Rivera logró que se anule una constancia de posesión vinculada a presuntos mineros ilegales tras ocho meses de trámite. El conflicto involucra más de 500 hectáreas ocupadas históricamente por agricultores, quienes denuncian irregularidades en documentos recientes y temen perder tierras que sostienen su subsistencia.
Aunque la resolución invalida uno de los documentos cuestionados, aún falta el pronunciamiento sobre un segundo caso que mantiene la tensión y preocupación en la zona. Los pobladores exigen una solución integral, denuncian amenazas y presiones, y piden intervención del Estado para garantizar seguridad jurídica y proteger sus tierras.
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