El Juzgado Penal Colegiado de Arequipa comunicó durante una audiencia pública su intención de variar el tipo penal imputado contra el congresista Edwin Martínez, quien fungió como alcalde del distrito de Mariano Melgar entre 2015 y 2018.
La magistrada Caterin Lozano, junto con los jueces Castro y Menegure, sustentaron que esta posibilidad se encuentra amparada en el artículo 374 del Código Procesal Penal, el cual otorga facultades al tribunal para recalificar hechos durante el debate oral.
De acuerdo con la postura del tribunal, las conductas atribuidas al exfuncionario podrían ajustarse mejor al delito de enriquecimiento ilícito. Se le señala por haber aumentado su patrimonio con construcciones inmobiliarias cuyo valor supera los 750 mil soles, suma que no tendría correspondencia con los ingresos declarados ante la Contraloría. También se mencionan transferencias de dinero a parientes y cercanos, quienes enfrentan el proceso como posibles partícipes.
La propuesta generó un inmediato rechazo por parte de la Fiscalía. Los representantes del Ministerio Público argumentaron que no existe homogeneidad entre el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, pues protegen bienes jurídicos diferentes. Además, advirtieron que el juicio se encuentra en su tramo final, por lo que una modificación de esta naturaleza podría menoscabar el derecho de defensa del acusado.
Defensa de congresista
La defensa legal del excongresista también cuestionó la medida y presentó un recurso de reposición, denunciando una presunta violación del debido proceso. Los abogados señalaron falta de claridad sobre la pena aplicable y un posible quebranto al principio de favorabilidad.
No obstante, el tribunal declaró improcedente el recurso, al considerar que la decisión no es definitiva ni causa un perjuicio irreparable. La audiencia quedó reprogramada para el martes 5 de mayo a las 8:00 horas, jornada en que las partes deberán definir su postura final frente a la eventual reclasificación del delito.
Edwin Martínez se defiende
Edwin Martínez denunció lo que calificó como un abuso de autoridad y un atropello a sus derechos fundamentales. Sostuvo haber enfrentado una persecución durante ocho años y haber cumplido con todos los requerimientos del proceso.
Consideró que el intento de cambiar el delito responde al fracaso de la acusación original. También identificó a los jueces Katherin Solorzano Flores, David Rosario Mendiguri Peralta, Rene Mario Castro Figueroa, así como a la fiscal Carol Rosa Cuba Peralta y al fiscal adjunto Luis Cesar Salas Bejarano, como impulsores de esta decisión que, según él, busca dañar su reputación. Afirmó que asistirá a la siguiente audiencia para ejercer su defensa con firmeza.
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