La justicia arequipeña ha dado un vuelco determinante en el proceso contra el exabogado Alberto Medina Salas, al imponerle una condena de 25 años de prisión efectiva por el delito de violación sexual de persona en imposibilidad de resistir. La 4ta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa revocó así el fallo de primera instancia de 2025, ordenando la captura inmediata del sentenciado para que cumpla su pena en un centro penitenciario.
La sentencia se sustenta en los graves hechos ocurridos en noviembre de 2017, cuando Medina Salas captó a su víctima bajo el pretexto de participar en un desfile de modas. Tras citarla en su oficina, el ahora condenado la condujo a su vivienda, donde la indujo a ingerir bebidas alcohólicas hasta dejarla en un estado de indefensión absoluta, momento que aprovechó para consumar el ultraje.
En esta segunda instancia, los magistrados Cecilia Aquice Díaz y Roger Pari Taboada otorgaron validez plena a las pericias toxicológicas y certificados médicos presentados por el Ministerio Público. Estas pruebas confirmaron que la joven se encontraba bajo un estado de ebriedad absoluto y presentaba lesiones traumáticas, lo que desbarató la estrategia de la defensa basada en un supuesto acto consensuado.
El tribunal fue enfático al desestimar la tesis del acusado, quien pretendió justificar lo ocurrido alegando un «modelaje voluntario» apoyado en datos informáticos que, según la resolución, habrían sido manipulados. Los testimonios contradictorios del sentenciado y su condición de reincidente fueron factores agravantes que los jueces superiores consideraron cruciales para elevar la drasticidad de la sanción impuesta.
No obstante la contundencia de la mayoría, el fallo contó con el voto singular del juez Percy Chalco Ccallo, quien se inclinó por una pena significativamente menor de siete años y seis meses. Pese a esta discrepancia interna, el colegiado ratificó la responsabilidad de Medina Salas y fijó el monto de la reparación civil en 30 mil soles a favor de la agraviada, buscando resarcir el daño causado.
Con esta decisión, la Oficina de Imagen Institucional de la Corte de Arequipa confirmó que ya se han cursado los oficios al juzgado de origen para que se giren las órdenes de captura a nivel nacional. La resolución cierra un capítulo judicial de casi nueve años, enviando un mensaje de severidad frente a delitos que vulneran la libertad sexual aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas.
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