Lo que el martes se perfilaba como una tendencia estadística se ha consolidado en el último reporte de la ONPE, donde Roberto Sánchez logró finalmente rebasar a Rafael López Aliaga. Este desplazamiento en el conteo parece haber quebrado la templanza del exalcalde de Lima, quien ha reaccionado con una serie de medidas que transitan entre el cuestionamiento institucional y la agitación política. Tras haber sugerido la anulación de las elecciones e incluso invocado a la insurgencia, López Aliaga ha formalizado un recurso legal que busca autorizar el voto de 608 mil ciudadanos limeños que, según su interpretación técnica, se vieron impedidos de sufragar por los problemas logísticos y la demora en la apertura de mesas.
La propuesta presentada por el líder de Renovación Popular exige que la ONPE elabore un informe detallado en un plazo de 72 horas para identificar con exactitud las mesas que presentaron retrasos, con el fin de habilitar una jornada de votación excepcional para dichos ciudadanos. Sin embargo, este planteamiento ha sido recibido con escepticismo por expertos en materia electoral, debido a que implicaría que un sector del electorado capitalino emita su voto con el conocimiento de los resultados oficiales por encima del 90%, rompiendo la equidad que rige cualquier proceso democrático.
A pesar de que el ausentismo en Lima no ha mostrado variaciones significativas respecto a procesos anteriores y que la legislación vigente no contempla una figura como la exigida por el partido celeste, la incertidumbre se mantiene en el ambiente político. La mirada está puesta ahora sobre las administraciones de Roberto Burneo en el JNE y Piero Corvetto en la ONPE, pues sectores de la opinión pública temen que la debilidad institucional mostrada en jornadas previas derive en una nueva concesión ante las presiones de Renovación Popular, sentando un precedente peligroso para la estabilidad del sistema electoral peruano.
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