El proyecto de ley que presentó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez al Congreso para modificar la Ley General de la Carrera Fiscal busca que la habilitación en el Colegio de Abogados de Lima (CAL) deje de ser requisito para que los fiscales sigan en funciones. Y plantea que los remuevan o separen del cargo la Junta Nacional de Justicia o la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
La iniciativa que presentó Gálvez Villegas justo tras la elección de Delia Espinoza como decana del CAL, plantea restringir la capacidad de los colegios para sancionar a sus agremiados cuando ocupan cargos en el Ministerio Público.
Concretamente, la propuesta establece “que la habilitación en el Colegio de Abogados deje de ser un requisito para que los fiscales se mantengan en funciones”. Esto supone un cambio en las condiciones actuales de la carrera fiscal. Que dice que la habilitación profesional es exigida de forma permanente.
Con esta modificación, este requisito solo se mantendría cuando el abogado ingresa a la institución para ser fiscal. Según Tomás Gálvez, “las competencias disciplinarias sobre fiscales deben recaer únicamente en los órganos del sistema de justicia”.
Se perdería principio deontológico que hacen cumplir los colegios
El objetivo principal de la modificatoria propuesta es delimitar que la permanencia de un magistrado en la carrera fiscal no se encuentra determinada por la vigencia de su habilitación profesional. La que es otorgada por el colegio de abogados, sino por el cumplimiento de sus funciones conforme a ley, sostiene el titular del Ministerio Público.
Y establece en ese sentido, que “solo podrán ser removidos o separados del cargo por la Junta Nacional de Justicia o por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”, de acuerdo con el proyecto.
El proyecto refiere también que la intervención de colegios de abogados puede afectar la autonomía del Ministerio Público. “La posibilidad de que un colegio profesional inhabilite a un fiscal supone una forma indirecta de afectar su permanencia en el cargo”, dice en el documento.
Sin embargo, según lo dijeron algunos peritos, una eventual inhabilitación por parte de un colegio profesional no tendría efectos sobre el ejercicio del cargo. Esto terminaría por debilitar la capacidad de estas instituciones para hacer cumplir estándares deontológicos en el ejercicio profesional.
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