Un informe de la Contraloría General de la República revela que el proyecto de saldo de obra del puente vehicular Añashuayco, en el distrito de Cerro Colorado, carece de estudios básicos completos. También cuenta con presupuesto con sustento débil y una disponibilidad de terreno no garantizada, por falta de autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
Este puente forma parte del proyecto denominado: «Mejoramiento del servicio de transitabilidad del eje de integración vial norte entre la intersección de la Av. Las Torres – Vía PE 34A, hasta la intersección de la Av. Italia – Av. Aviación».
El Informe Previo N° 017-2026-CG/APP, emitido por la Subgerencia de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos, señala que el Gobierno Regional de Arequipa no habría incluido en los estudios de hidrología e hidráulica del puente parámetros de diseño esenciales. Entre los datos faltantes se encuentran el caudal de diseño, el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME), la profundidad de socavación potencial total, el gálibo recomendable para el tablero y las obras de protección necesarias. Esto contraviene lo estipulado en el Manual de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En el rubro topográfico, la Contraloría verificó que los planos remitidos por el Gobierno Regional corresponden únicamente a un plano de perfil y otro en planta. Esto, sin incluir las fotografías de los puntos de control (BM) monumentados en campo.
Esta omisión podría afectar los trabajos de replanteo y la verificación de las secciones longitudinales del cauce, elementos clave para los cálculos hidráulicos.
Cuestionamientos al presupuesto y a las cotizaciones
El informe también identifica que el presupuesto de inversión del saldo de obra, que asciende a más de S/ 22 millones 437 mil, no cuenta con un sustento integral. Se advierte que una de las cotizaciones empleadas para estimar recursos como acero corrugado y concreto premezclado no consigna la fecha de emisión y proviene de un único proveedor. Así estaría incumpliendo el principio de responsabilidad fiscal y la exigencia de contar con un mes base definido para la aplicación de reajustes.
Además, la Contraloría señala que el Gobierno Regional de Arequipa solo acreditó de manera parcial la libre disponibilidad del terreno. El 80% del área de intervención se encuentra dentro de la faja marginal regulada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). No se ha presentado la autorización de la Autoridad Administrativa del Agua para ejecutar obras en ese dominio público hidráulico.
En caso de interferencias físicas, la propia entidad declaró que se aplazaría el inicio de los trabajos sin contar con un estudio detallado.
Inconsistencias financieras y en el flujo de caja
Desde el punto de vista financiero, el informe detectó que el saldo de deuda total declarado por el Gobierno Regional no es consistente con los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, el flujo de caja proyectado para el periodo 2026-2034 presenta diferencias con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026. Esto, según el Portal de Transparencia Económica del MEF, y las proyecciones de ingresos por canon, sobrecanon, regalías y FONCOR estarían sobreestimadas al incluir saldos de balance sin sustento para los años 2029 a 2034.
La Contraloría también observó que el Gobierno Regional no declaró la fuente de financiamiento con la que cubrirá los costos de control concurrente (S/ 238 mil 657) ni los de gestión del proyecto (S/ 292 mil 169). Estos no forman parte del convenio de inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos.
Asimismo, se verificó que el monto total de 49 operaciones declaradas bajo este mecanismo, incluido el puente Añashuayco, podría superar el Tope Máximo de Capacidad Anual vigente para la región Arequipa.
Recomendaciones y próximos pasos
El órgano de control recomienda al Gobierno Regional de Arequipa que, antes de aprobar las bases del proceso de selección de la empresa privada que financiará la ejecución del saldo de obra, se subsanen todas las deficiencias técnicas, legales y financieras. Entre ellas, la actualización del expediente técnico con los estudios completos, la obtención de la autorización de la ANA, y la presentación de un nuevo informe financiero y flujo de caja consistentes con la normativa vigente.
La entidad tiene un plazo de 20 días hábiles para implementar las observaciones bajo responsabilidad.
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