Luego de que en 13 centros de votación del sur de Lima no se emitieran votos el domingo 12 de abril debido a retrasos en la entrega del material electoral, circuló en redes sociales que Servicios Generales Galaga, la empresa encargada transporte el material de votación contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), había sido penalizada tras el incumplimiento de servicios similares.
Galaga registra tres penalidades de la ONPE
PerúCheck revisó el portal de Transparencia de la ONPE, y corroboró que —en el consolidado de penalidades de la institución a marzo de 2026— la empresa Servicios Generales Galaga registra tres.
La primera se enlista en las penalidades de julio de 2020, por el contrato N°0084-2019, por el que brindó el servicio de transporte del material de sufragio y equipos informáticos electorales durante las Elecciones Congresales Extraordinarias del año 2020. El monto del contrato ascendía a S/2.82 millones. La penalidad fue de S/55,900.
La segunda penalidad data de enero de 2023. En esa fecha, la compañía, bajo la órden de servicio N°0000626-2022, brindó el servicio de transporte y traslado de carga y paquetería en el ámbito nacional. El monto del contrato ascendía a S/4,435.70; la penalidad, S/1,330.71 soles.
Por último, la tercera penalidad se registra en setiembre de 2023. Servicios Generales Galaga, por una Orden de Servicio N° 0000756-2023, estuvo a cargo del despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro de cómputo y sufragio de las elecciones municipales complementarias de 2023. El monto del contrato ascendía a S/6.68 millones. La penalidad fue de S/6,803.17.
En total, estas penalidades superan los S/64,000. El actual contrato que la empresa firmó con la ONPE, para las elecciones de este año, fue por un monto que supera los S/6 millones.
Conclusión
De acuerdo al portal de Transparencia de la ONPE, la empresa Servicios Generales Galaga sí fue penalizada por la entidad por incumplimientos en servicios logísticos durante procesos electorales. Estas sanciones suman más de S/64,000 y evidencian problemas en la ejecución de este tipo de contratos. Por tal razón, PerúCheck califica esta afirmación como cierta.
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