La congresista Francis Paredes Castro, de Podemos Perú, es investigada por supuestamente liderar una organización criminal vinculada a actos de corrupción en el Estado. De acuerdo a la tesis fiscal, la parlamentaria conocida bajo el alias de ‘La Profesora’, “habría coordinado con funcionarios y operadores para colocar a personas de su entorno en cargos estratégicos dentro del aparato estatal”.
Es en el marco de estas indagaciones que el Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional del Perú, allanó este miércoles, diez inmuebles, tres en Lima y siete en Ucayali. Entre ellos, la vivienda de su hermana, Rosa Paredes Castro, en Barrios Altos, Cercado de Lima, quien también integraría esta red.
El operativo que se inició a las 6 de la mañana, lo autorizó el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que acreditó las intervenciones dentro de la investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada en los que estaría involucrada la parlamentaria.
Agentes del Escuadrón Verde, cercaron el inmueble allanado en el jirón Junín, mientras los fiscales del Décimo Despacho Anticorrupción ya en el interior de la vivienda realizaban las diligencias de ley. En Lima y de forma paralela, se realizó el allanamiento de inmuebles en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco.
Según el organigrama la red criminal la lideraría Francis Paredes
Dentro del organigrama de esta red, según el Ministerio Público, la presunta líder de la organización criminal habría sido Jasmina Francis Paredes Castro alias ‘La Profesora’. Quien “desde su posición, habría coordinado con funcionarios y operadores para colocar a personas de su entorno en cargos estratégicos” como presuntamente serían la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario y la Dirección Desconcentrada de Cultura.
No solo en estas instituciones del Estado los puestos de trabajo habrían sido asignados a cambio de pagos indebidos. Sino que, uno de los aspectos más delicados es el presunto direccionamiento de contratos vinculados a servicios de ambulancias aéreas y vuelos chárter para el traslado de pacientes críticos.
Según lo investigado, el uso y cobros irregulares de estos servicios se lograron mediante concertaciones ilegales y tráfico de influencias. Así, “la red habría favorecido a determinadas empresas del rubro aeronáutico en licitaciones que superan los 20 millones de soles”.
Algunos montos observados por contratos específicos son de aproximadamente S/ 6 189 600 y S/ 10 669 648, además de otras contrataciones globales que elevan el perjuicio económico al Estado.
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