A Rafael López Aliaga y sus acólitos se les acaban las opciones. Y es que relato del fraudismo ha vuelto a cosechar una nueva derrota. En esta ocasión, la demanda interpuesta por el alcalde limeño Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones ha sido declarada inadmisible por el Poder Judicial. Se trata del recurso con el que el edil capitalino pretendía forzar elecciones complementarias en defensa de los vecinos de Lima.
Todo un disparate que no tiene ningún sustento legal y que lo hizo notar el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. El juez enfatizó en que no se fundamentó el pedido en algún dispositivo legal expreso, además que Reggiardo actúa al mismo tiempo como ciudadano individual y como autoridad municipal, algo que altera el proceso. ¿Cuánto dinero del Estado peruano despilfarro el alcalde limeño en ese mamotreto mal hecho?
Bien caviares resultaron los celestes.
Keiko Fujimori despreocupada por multa de 198 mil soles de la ONPE por uso indebido de financiamiento público
A Keiko Fujimori prácticamente tuvieron que hacerle recordar que su partido fue sancionado con una multa de 198 mil soles por el uso indebido de fondos públicos destinados al fortalecimiento partidario, pues no parece preocuparle. Esos mismos recursos que terminaron financiando viajes que incluían catas de vino, almuerzos y turismo por Estados Unidos y Europa.
La candidata ya había minimizado la sanción aprovechando el desprestigio que arrastra actualmente la ONPE. Ante la insistencia de la prensa volvió a mostrarse tan despreocupada como quien sabe que, al final, todo terminará a su favor.
Keiko recordó que algo parecido ocurrió en las elecciones del 2021. Denunció que la ONPE le exigió presentar libros contables que se encontraban incautados en ese momento. Años después, señaló, el Jurado Nacional de Elecciones terminó dándoles la razón.
Por eso insiste en que este viaje fue “100% académico” y que apelarán la medida, mostrando su total confianza en que la sanción no prosperará.
Denuncian a Roberto Sánchez por falsa declaración, que podría dejarlo inhabilitado
Parece que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no solo quiere gobernar el país, sino que ya venía aplicando su propia reforma financiera creativa dentro de su partido. La Fiscalía le acusa de falsa declaración y de distorsionar la información sobre aportes entre 2020 y 2021. De paso le pide una nada despreciable pena de 5 años y 4 meses de prisión, más una inhabilitación como presidente de la agrupación.
La defensa, en un acto de fe, asegura que él solo se limitó a presentar los informes que hacía el tesorero, y que la responsabilidad no le alcanza, aunque los presuntos 280 mil soles desviados a sus cuentas personales y las de su hermano parecen haber viajado solitos.
Curiosamente, el delito de fraude en administración ya fue archivado, así que solo quedan estos “detalles administrativos”. El 27 de mayo un juez decidirá si Sánchez merece un juicio oral o si, por el contrario, todo fue un malentendido con los plazos de prescripción.
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