Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, fue claro, contundente y, sobre todo, reiterativo: indultar a Pedro Castillo sería “absolutamente inaceptable”, “totalmente ilegal” y, por si quedaban dudas, “absolutamente inaceptable” otra vez. El exmandatario, sentenciado a más de 11 años por conspiración para la rebelión, ya tendría su futuro judicial más blindado que sus esperanzas de volver a Palacio.
Según Rospigliosi, el pedido de indulto ya fue rechazado “en una instancia”, y de todas formas el Parlamento podría tomar “una decisión muy drástica” contra el presidente José Balcázar si este osa firmar el perdón. Mientras tanto, en el Gobierno, la novela es otra: Luis Arroyo, jefe del Consejo de Ministros, aseguró que el indulto “nunca estuvo en agenda”, ni está ni tiene por qué estarlo, mientras que el ministro de Justicia, Luis Jiménez, explicó que el problema de fondo es que Castillo tiene procesos pendientes, y sin sentencia consentida no hay indulto que valga.
Por si el guion fuera poco, la Comisión de Fiscalización citó a Jiménez para el 13 de mayo a las 2 p.m., no por Castillo, sino por los recientes cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales (renuncias, ingreso de una nueva integrante y el reemplazo de otro miembro), que parecen más un culebrón de nombramientos que una reforma seria.
En resumen: el indulto del profesor es una papa caliente.
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