La Oficina Nacional de Procesos Electorales sigue esforzándose por quedar mal ante el país, consiguiendo algo que parecía imposible: deslegitimar décadas de trayectoria a punta de torpezas y respuestas soberbias. Porque, según parece, el problema nunca son ellos.
Tras la salida de Piero Corvetto, el ambiente dentro de la ONPE parece haberse convertido en un incendio administrativo que no hace más que alimentar las teorías conspiranoicas de Rafael López Aliaga. Y claro, para ciertos lobos naranjas esto cae como anillo al dedo, porque ya tienen la excusa perfecta para pedir la “renovación total y a su medida” de los organismos electorales.
El fin de semana apareció una nueva joyita: cuestionamientos contra la empresa encargada de realizar los informes de auditoría de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), del Sistema de Cómputo Electoral y del Sistema Web de Presentación de Resultados de la ONPE. El detalle es que la empresa, M&T International, carga con una sanción del 2016 que la inhabilitó durante 11 meses por presentar información inexacta.
La situación empeoró cuando ni la propia empresa pudo defenderse con claridad. Los nervios de su gerente no convencieron a nadie y, para rematar, varios números telefónicos y direcciones que aparecen en su página web simplemente no existirían. Parecía una auditoría fantasma para revisar el error en un sistema electoral.
Ante la creciente indignación, la ONPE no reconoció errores ni anunció correctivos. Prefirió encerrarse en que “no hay ley que impida contratar a una empresa sancionada”. Con semejante respuesta, más políticos se comprarán el discurso de Renovación Popular que exige una auditoría internacional antes de la publicación de resultados oficiales. Mientras tanto, la segunda vuelta sigue en duda.
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