Nuevamente el Congreso libró de toda culpa a Dina Boluarte y sus ministros de las muertes de 75 ciudadanos en las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023 en Apurímac, Ayacucho, Ucayali y Puno, al aprobar por mayoría el informe que recomendó “rechazar de plano y por tanto, declarar improcedente en todos sus extremos” la denuncia constitucional que formuló la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Fue en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside Lady Camones (APP), que la denuncia constitucional que formuló Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, contra la expresidenta de la República, por la posible comisión del delito de lesiones graves; tipificado en el Código Penal, que los congresistas aprobaron el informe de calificación que declaró la improcedencia de la acusación.
El primer informe que revisó la SAC fue el de la Denuncia Constitucional 592, contra la expresidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo de entonces. La denuncia atribuía una presunta responsabilidad por el delito de lesiones graves, previsto en el Código Penal, a raíz de los hechos ocurridos entre el 10 de diciembre de 2022 y el 24 de enero de 2023, durante las protestas registradas en Apurímac, Ayacucho, Ucayali y Puno.
Según el informe de calificación, los hechos denunciados ya habían sido analizados por el Congreso en las denuncias constitucionales 425 y 509. Por lo que concluyeron que la nueva acusación reiteraba los mismos hechos, delitos e imputaciones jurídicas, especialmente bajo la figura de comisión por omisión. Así, la Subcomisión declaró improcedente la denuncia, con 9 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención.
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