Ruido, mal olor y agua turbia. Son algunas de las incomodidades que sufren los vecinos del pueblo joven Cerro Verde, el más cercano a las operaciones de la minera del mismo nombre.
Pero no es esa su principal preocupación, sino el hecho de no saber cómo está siendo afectado el medio ambiente por estas operaciones. Los monitoreos participativos ambientales son una obligación de las empresas con actividades extractivas, a la que se comprometen como parte de su programa de vigilancia ambiental.
En el caso de Cerro Verde, el proceso no se cumple según los compromisos de la propia minera. De acuerdo a las actas de los monitoreos participativos de la calidad del aire y el agua, en los distritos de Uchumayo, Hunter, Quequeña, Socabaya, y Yarabamba, la gran mayoría de asistentes son
personas ajenas a la población que habita esos lugares.
Los vecinos afirman que nunca se hizo una convocatoria pública. En promedio, solo una de cada cinco firmas en las actas de monitoreo participativo corresponde a alguien que se identifica como vecino de la zona. La mayoría son estudiantes universitarios convocados por sus docentes para una experiencia formativa, pero claramente no pueden considerarse como parte de la sociedad civil organizada.
En el Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación de operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde, se establecía una frecuencia, lugares y tipo de monitoreos, que debían ser participativos. El compromiso no ha sido cumplido por la empresa. Los monitoreos participativos, no se han realizado con la frecuencia con que estuvieron previstos; pero lo más importante es que se realizan sin la participación abierta y masiva de las poblaciones asentadas en las áreas de influencia.
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