Más de 10 mil familias de la parte alta de Cayma están en vilo por el litigio de 200 hectáreas urbanizadas, hace más de 20 años. Los dirigentes de las siete asociaciones de vivienda que representan a estas familias se manifestaron este miércoles en la Plaza España, exigiendo que la Municipalidad Provincial de Arequipa respalde sus demandas.
El terreno que ocupan hace décadas las asociaciones es reclamado por tres familias que alegan derechos sobre las 200 hectáreas. Ellos señalan que el exalcalde Luis Cáceres Velásquez vendió las tierras a la empresa inmobiliaria El Pastoral, constituida por Elard Ballón, José Luis Castillo y Víctor Pérez Flores. Este último, sobrino del exburgomaestre.
Según explicó la presidenta de la asociación Mujeres con Esperanza, Judy Ortiz Macedo, la compraventa fue irregular. La razón social que habría adquirido el predio se constituyó años más tarde. Además, una transacción de ese tipo no se pudo realizar de forma directa a personas naturales, sino a través de una subasta pública, lo que no pasó. Asimismo, tampoco existen comprobantes que acrediten la transferencia.
Ante las irregularidades, los pobladores lograron revertir los actuados y reinscribir la propiedad a nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Empero, las familias que reclaman la propiedad iniciaron un proceso judicial, que tiene una audiencia programada para este jueves.
Preocupados por papel de la Municipalidad de Arequipa
Los representantes de las 10 mil familias pidieron que el procurador de la MPA se apersone al proceso. Así lo pidió Ortiz Macedo. “Exijo al procurador que participe en esta audiencia. Son demasiado despreocupados en los temas legales de la municipalidad. No quisiéramos que se pierda este caso”.
Además, señalaron que buscan entrevistarse con el funcionario desde la semana pasada. Empero, no han sido atendidos presencialmente dadas las restricciones sanitarias.
Las asociaciones comprendidas en las 200 hectáreas son Pioneros, tres zonas de Embajada de Japón, Cabrerías 1, Milagros y Talpata. El proceso retrasa su acceso a titulación, servicios básicos y créditos de vivienda.
