Petro quiere dejar como legado una ambiciosa reforma agraria āintegralā que mitigue dos de los principalesmales de Colombia: el narcotrĆ”fico y la concentraciĆ³n de la riqueza. El modelo podrĆa ser el de PerĆŗ, donde el sector agrĆcola se ha convertido en uno de los motores de la economĆa, al tiempo que reduce la pobreza en el campo.
El acuerdo que firmaron el 6 de octubre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y JosĆ© FĆ©lix Lafaurie, jefe de la poderosa FederaciĆ³n de Ganaderos de Colombia (FEDEGĆN), fue, en apariencia, un simple pacto de compra de terrenos de cultivo improductivos o baldĆos para distribuirlos entre campesinos sin tierras y asĆ, entre otras cosas, alejarlos de la tentaciĆ³n de sembrar coca destinada al narcotrĆ”fico. El
objetivo Ćŗltimo del nuevo gobierno de BogotĆ”, sin embargo, es sacar adelante una reforma agraria āintegralā. Esto, en un paĆs donde el 52% de la tierra estĆ” concentrada en manos del 1,15% de la poblaciĆ³n. Va solo por detrĆ”s de Brasil, donde tambiĆ©n abundan los latifundios y los campesinos sin tierras. Ambos problemas estĆ”n vinculados, casi como las caras de una misma moneda.
En diciembre de 2012, Lafaurie enviĆ³ una carta al representante de Naciones Unidas en BogotĆ” en la que
denunciaba la āestigmatizaciĆ³nā de los ganaderos y la propiedad legĆtima de la tierra y las presiones que sufrĆan para redistribuir sus tierras, āatendiendo las exigencias de la guerrilla y la izquierda radicalā. En 2016, durante la campaƱa del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz, Lafaurie y el gremio ganadero apoyaron explĆcitamente su rechazo. Aquel aƱo, Petro acusĆ³ a los ganaderos de ānarcolatifundistas
expropiadoresā. Ahora, en cambio, el mismo gremio que antes criticaba negociar con las FARC afirma que, a travĆ©s de la compra de tres millones de hectĆ”reas por parte del gobierno, FEDEGĆN puede contribuir a la ādemocratizaciĆ³n de la tierraā. TambiĆ©n a que surja āuna clase mediaā y a consolidar a Colombia como una potencia agroalimentaria. El giro confirma, segĆŗn La silla vacĆa, que era el fantasma de la expropiaciĆ³n lo que frenaba el apoyo a la reforma agraria de los ganaderos. Ahora parecen creer que es mejor un acuerdo frĆ”gil e imperfecto que un conflicto duradero.
SegĆŗn el informe anual sobre cultivos ilĆcitos de Naciones Unidas, las 200.000 hectĆ”reas actualmente sembradas de hoja de coca, una cifra rĆ©cord, ha detenido en seco la tendencia a la baja que se registraba desde 2018, cuando se cultivaban 171.000 hectĆ”reas. En 2021, Colombia produjo 1.400 toneladas de cocaĆna, un volumen sin precedentes pese a las campaƱas de erradicaciĆ³n forzosa y fumigaciones aĆ©reas de glifosato que promoviĆ³ el gobierno de IvĆ”n Duque (2018-2022).
En el 16% de los municipios colombianos hay cultivos de coca, pero en 10 se concentra el 45%. El 86% ha estado en el mismo sitio desde hace mƔs de 10 aƱos, la mayor parte (62%) en Norte de Santander, NariƱo y Putumayo, los departamentos fronterizos con Venezuela y Ecuador. El ministro de Justicia,
NĆ©stor Osuna, recuerda que la reforma rural forma parte de los acuerdos de paz de La Habana, advirtiendo de que la pacificaciĆ³n no va a avanzar āsi seguimos haciendo lo mismo que en los Ćŗltimos 20 aƱosā.
Colombia: āEnemigos de claseā
Petro espera que los repartos de tierras impulsen la sustituciĆ³n voluntaria de cultivos. Algunos sectores del hoy oficialista Pacto HistĆ³rico, sin embargo, dudan de que los latifundistas ā antiguos āenemigos de claseāā vayan a entregar las tierras despojadas a sus dueƱos durante los aƱos de la violencia rural, o indemnizarlos por ellas. La ministra de Agricultura, Cecilia LĆ³pez, ha dicho que el gobierno solo comprarĆ” tierras āproductivasā y sin problemas legales pendientes.
Casi todos los que han gobernado desde la Casa de NariƱo han intentado algĆŗn tipo de reforma agraria. La de 1936, por ejemplo, legalizĆ³ la parcelaciĆ³n de algunos grandes latifundios o plantaciones abandonadas. Varios gobiernos entregaron millones de hectĆ”reas a colonos en zonas remotas, a veces
inhĆ³spitas o insalubres; otros ampliaron la frontera agrĆcola o impulsaron la migraciĆ³n interna. Nada de ello, sin embargo, resolviĆ³ el conflicto subyacente o frenĆ³ las invasiones de tierras. En 1971, la AsociaciĆ³n Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) impulsĆ³ la toma de 645 latifundios en Tolima y la costa atlĆ”ntica.
Petro se ha trazado metas ambiciosas en el campo. Pero no quiere confrontar a los ganaderos, que en los aƱos de mayor actividad de la guerrilla solĆan patrocinar y armar grupos paramilitares. La reforma integral que plantea el gobierno incluye acceso al agua, insumos, fertilizantes, maquinaria, crĆ©ditos e infraestructuras de transportes. Petro ha propuesto a Washington que los fondos para esos proyectos provengan de los que ahora se destinan a la guerra contra las drogas.
La lista de asignaturas pendientes incluye la logĆstica para la selecciĆ³n, compra y distribuciĆ³n de tierras entre las comunidades campesinas, de indĆgenas y afro-descendientes. En las huelgas agrarias de 2013, 2014, 2016 y 2021, esos grupos reclamaron el reconocimiento de territorialidad y autogobierno.
Pero todo tiene lĆmites, polĆticos y econĆ³micos. En total, el gobierno de Colombia pretende repartir 3,2 millones de hectĆ”reas. Esto es un 10% de las tierras cultivables que la Unidad de PlanificaciĆ³n Rural Agropecuaria estima en mĆ”s de 39,6 millones. Con una deuda externa de 75.000 millones de dĆ³lares y en medio del desplome del peso frente al dĆ³lar, muchos creen que es un gasto excesivo e innecesario. Pero el objetivo Ćŗltimo de Petro es polĆtico: el legado de su mandato.
El pez en el agua
En algunos de los aƱos ochenta y noventa, la tasa de homicidios colombiana superĆ³ los 300 por 100.000 habitantes. El propio Fidel Castro criticĆ³ los mĆ©todos āobjetivamente crueles del secuestro en las condiciones de la selvaā de las guerrillas de las FARC. Durante dĆ©cadas se movieron en el mundo rural como el pez en el agua. El caldo de cultivo de la violencia rural no era un secreto para nadie. En 1960, el 4% de propietarios era dueƱo del 64% de las tierras cultivadas. En el valle del Cauca, el 70% de los campesinos cultivaba minifundios.
Aun hoy, uno de cada 200 fundos cubre mĆ”s de 500 hectĆ”reas, que suman el 60% de las tierras cultivables. SegĆŗn seƱalĆ³ el informe āColombia ruralā de 2011 del PNUD, el paĆs tiene āmĆ”s territorio que Estadoā en una geografĆa escarpada y en una economĆa de base latifundista desde que hay memoria.
AbsalĆ³n Machado, su director, escribiĆ³ en el prĆ³logo que mientras se mantuviera la āinjusticia estructuralā de la propiedad de la tierra, el desarrollo rural serĆa una quimera. Desde tiempos coloniales, el problema de la tierra ha activado revueltas y revoluciones. La agrarista de 1910 en MĆ©xico acabĆ³
con un sistema que se remontaba a las encomiendas y repartimientos coloniales. A principios del siglo pasado, unos 78 millones de hectĆ”reas estaban en manos del 4% de los grandes terratenientes. Cada una de 15 haciendas poseĆa mĆ”s 100.000 hectĆ”reas.
Los llamados jornaleros de campo ācampesinos sin tierrasā sumaban mĆ”s de tres millones. De ascendencia zapoteca, como Benito JuĆ”rez, el presidente LĆ”zaro CĆ”rdenas creĆ³ en su sexenio (1934-1940) un ministerio de Asuntos IndĆgenas y distribuyĆ³ mĆ”s de 17 millones de hectĆ”reas āel doble que
la tierra entregada hasta entoncesā entre 771.640 campesinos.
En Bolivia, la revoluciĆ³n de 1952 del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de VĆctor Paz Estenssoro se basĆ³ en el lema ālas tierras para los indios, las minas para el Estadoā. En 1985, cuando regresĆ³ al gobierno, Paz Estenssoro comentĆ³ que āeliminarā a la oligarquĆa terrateniente y minera fue la Ćŗnica manera de salvar al paĆs de la guerrilla y el comunismo.
Violencia en los Andes
Las revueltas campesinas peruanas de los aƱos sesenta terminaron provocando en 1968 un golpe militar para acabar con el latifundismo. La reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) extinguiĆ³ a los gamonales. Estos grandes terratenientes cuyo estilo de vida dependĆa de una mano de obra servil: la de los pongos y huasipongos, peones de hacienda que trabajaban fuera de todo sistema de remuneraciĆ³n.
En aquellos aƱos, la FederaciĆ³n de Campesinos del Cusco comenzĆ³ a invadir haciendas, pero sin armas ni guerrillas. Cuando negociaban, ponĆan siempre sobre la mesa de negociaciones una bandera peruana. En 1969, el primer ministro, el general Ernesto Montagne, dijo en Buenos Aires que āno habĆa ley mĆ”s anticomunistaā que la reforma agraria. Esta que afectĆ³ a las haciendas de la serranĆa andina, pero tambiĆ©n a los extensos y lucrativos latifundios azucareros costeƱos, la base agroindustrial de la oligarquĆa peruana.
Hoy, como en Colombia, muchos historiadores y analistas sostienen que la reforma de 1969 impidiĆ³ el triunfo en los aƱos ochenta del grupo maoĆsta Sendero Luminoso. Entre 1980 y 1992 Ć©ste provocĆ³ una guerra interna que se cobrĆ³ 70.000 vidas y 20.000 millones de dĆ³lares en daƱos materiales.
En la sierra, las rondas campesinas (grupos de autodefensa) se enfrentaron a las huestes senderistas en sus propias zonas rojas. Los campesinos ya no eran pongos a los que los gamonales marcaban con el mismo hierro candente que usaban para el ganado, sino propietarios de sus tierras. Y lucharon para defenderlas. Al final, las rondas fueron tan āo mĆ”sā determinantes para la derrota de Sendero Luminoso que la captura en 1992 de su lĆder, Abimael GuzmĆ”n. Hoy solo quedan algunas columnas armadas en los valles del ApurĆmac y el Ene, vinculadas al narcotrĆ”fico.
PerĆŗ: frutos de la reforma
Entre 1950 y 1968, el PIB, la minerĆa y las manufacturas peruanas multiplicaron su valor por tres. La pesca creciĆ³ 20 veces, pero la agricultura apenas un 0,66%: los grandes barones del azĆŗcar y el algodĆ³n impedĆan al campo transitar hacia un modelo empresarial y capitalista.
La ConstituciĆ³n de 1993, aprobada en referĆ©ndum durante el primer mandato de Alberto Fujimori (1990-2000), garantizĆ³ a cualquier persona ānatural o jurĆdica, nacional o extranjeraā dedicarse a la agricultura y eliminĆ³ los lĆmites de las explotaciones agropecuarias. En 1990, las exportaciones agrĆcolas rondaron los 300 millones de dĆ³lares. En 2000, ya habĆan subido hasta los 621 millones. El aƱo pasado superaron
los 9.000 millones. En 2022, se estima que llegarƔn a los 10.000 millones y en 2023, a los 11.000.
En las dos Ćŗltimas dĆ©cadas, el sector atrajo unos 20.000 millones de dĆ³lares en inversiones y creĆ³ mĆ”s de un millĆ³n de empleos de manera directa e indirecta. El āmilagroā peruano se produjo solo en el 5% de las tierras destinadas a la agricultura (250.000 hectĆ”reas), casi todas ganadas al desierto a travĆ©s de tĆ©cnicas de irrigaciĆ³n por goteo con tecnologĆa israelĆ. El paĆs andino es hoy el primer exportador mundial de espĆ”rrago y el segundo de aguacates. En 2004, cerca del 58% de los trabajadores del campo eran pobres. En 2014, solo el 26%. SegĆŗn Apoyo ConsultorĆa, de las 10 principales empresas que ofrecen mĆ”s empleo en el paĆs, cuatro pertenecen a la agroindustria.
Debido al mercado libre de tierras, los protagonistas del sector son corporaciones que cotizan en bolsa y con un accionariado difundido. La propiedad de la tierra ya no le pertenece a una familia, sino a personas jurĆdicas. El 37% de las acciones de la empresa Agroindustrial Casagrande, por ejemplo, estĆ”n en manos de 4.187 propietarios. Colombia puede replicar la sinergia peruana entre capital y trabajo si sabe adaptarla a sus condiciones nacionales.