Tras el anuncio de Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de la minera Southern Perú, sobre el inicio de la construcción del proyecto Tía María para el próximo año en el Valle de Tambo, surge el malestar y la preocupación entre agricultores y pobladores de la provincia de Islay. Los ciudadanos temen que la operación minera afecte el acceso al agua y agrave la situación ambiental de la región.
Durante su visita a la Universidad Nacional de San Agustín, el 26 de septiembre, González Rocha afirmó que “la construcción iniciará el próximo año y tardará dos años en completarse”. Además, aseguró que el proyecto no enfrenta inconvenientes con los permisos ambientales, lo que refuerza la intención de la empresa de avanzar sin contratiempos.
Asamblea popular y medidas de protesta en el valle de Tambo
El anuncio desencadenó una rápida respuesta en Cocachacra, donde los residentes del valle se reunieron en una asamblea popular el 27 de septiembre. Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, informó que la comunidad decidió llevar a cabo un paro preventivo de 72 horas. Esto será los días 21, 22 y 23 de octubre, acompañado de movilizaciones.
«Esto es un paro preventivo, con la finalidad de irnos a un paro indefinido y este puede ser uno de los últimos que podríamos desarrollar, donde vamos a buscar que se cancele el proyecto Tía María»
Miguel Meza, vocero del valle de Tambo
Meza explicó que la protesta tendrá un impacto directo en la producción agrícola, ya que los agricultores suspenderán temporalmente la cosecha de papa, uno de los principales productos de la temporada. Sin embargo, para evitar perjudicar a los compradores locales e internacionales, los productores están acelerando la cosecha en los días previos al paro.
El proyecto Tía María ha sido motivo de conflictos sociales en el Valle de Tambo durante años, debido a la preocupación de los pobladores sobre el posible impacto en el medio ambiente y los recursos hídricos. La resistencia de la comunidad ha frenado en varias ocasiones el avance de la obra, generando enfrentamientos con las autoridades y la empresa minera.
Con este nuevo anuncio, la situación vuelve a escalar. Los pobladores temen que, pese a los compromisos de la minera, la ejecución del proyecto comprometa el acceso al agua para la agricultura, actividad fundamental en la economía local. Adicionalmente, hay una historia de desencuentros y mala relación con la empresa desde el año 2009.
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