Aunque el Tribunal Constitucional (TC) dará su fallo en mayo, el magistrado Gustavo Gutiérrez se pronunció a favor de la presidenta Dina Boluarte durante la audiencia pública por la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por las investigaciones de la mandataria.
La presidenta del TC, Luz Pacheco, anunció que emitirá su fallo antes de que termine mayo sobre la demanda que busca delimitar el alcance del artículo 117 de la Constitución en relación con la posibilidad de investigar a un presidente en funciones.
Sin embargo, el magistrado del TC Gutiérrez Ticse no solo declaró a favor de la presidenta, opinando que sobre si un mandatario puede gobernar y atender investigaciones en su contra. “Un presidente en funciones no puede gobernar la nación y al mismo tiempo responder ante el Ministerio Público”, dijo, “afectaría la gestión del jefe de Estado”.
En ese sentido, dirigiéndose al Procurador Público le cuestionó si consideraba posible que la presidenta pueda gobernar con 18 investigaciones penales en su contra, lo que implica citaciones, la preparación de las declaraciones y estrategias, carpetas, reuniones con abogados, o sea ¿usted cree que así podría gobernar?», espetó.
El Defensor de Dina Boluarte
Pero no solo el magistrado mostró su apoyo a la presidenta, desconociendo, entre otros temas, el requerimiento de los ciudadanos que esperan el resultado de las investigaciones por las muertes durante las protestas de 2022, el enriquecimiento ilícito y otros procesos que tiene Boluarte Zegarra.
También el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, a quien se le dio voz en la audiencia pública, presentó un escrito ‘amicus curiae’ a favor de la presidenta Dina Boluarte.
Mediante esta figura jurídica, el Defensor del Pueblo se convirtió en el ‘defensor amigo de la mandataria’ ya que, sin ser parte directamente involucrada en la demanda competencial, viajó a Arequipa para asistir a la audiencia y presentar ese recurso.
Al intervenir dijo que el Ministerio Público no puede investigar al presidente en funciones, ya que esta labor correspondería al Congreso de la República. «El único llamado a investigar y encausar al presidente de la República es el Congreso de la República», refirió.
Abogado de Boluarte llama ‘vándalos’ a manifestantes
Al momento de intervenir el abogado defensor de Dina Boluarte, Joseph Campos, justificó las muertes en las protestas porque según él, pudieron ser diversas las causas que habrían generado que las fuerzas del orden ocasionen las muertes de los manifestantes en las protestas del 2022 y el 2023, restando toda responsabilidad a Boluarte.
Para eso, presentó un video, durante el cual el abogado llamó ‘vándalos’ a las personas que protestaron justificando el accionar policial. «Pudo ser que un policía asustado en esas circunstancias actuó así. Pudo haber muerto por una triste casualidad. (…) Todas esas posibilidades se tienen que establecer si se recibió una orden de la presidenta de la República», argumentó.
Luego de que se presentaran la defensa de Dina Boluarte, los procuradores y otros representantes, la presidenta del TC llamó al voto de los magistrados a fin de decidir si se acepta o no la demanda competencial. Si la aceptan, Boluarte Zegarra sería blindada, por lo que queda de su mandato y no sería investigada. El resultado de la votación se anunciará en mayo.
Lo que pide Dina Boluarte en su demanda
Conforme con la demanda competencial del Ejecutivo, «se han emitido resoluciones fiscales y judiciales, relacionadas con hechos que no se enmarcan» al artículo 117, contra Dina Boluarte.
Está la disposición fiscal sobre el inicio de diligencias preliminares contra Dina Boluarte por genocidio, homicidio calificado y lesiones. Caso asesinatos en protestas. Y otra que dispone el inicio de diligencias preliminares contra la mandataria por enriquecimiento ilícito, ampliada al incluir el delito de cohecho y al “wayki” Wilfredo Oscorima en el Caso Rolex.
La otra disposición fiscal es por el inicio de diligencias preliminares contra Boluarte Zegarra por encubrimiento personal y abuso de autoridad. Esto, por el caso de la desactivación del Equipo Especial PNP. Está también la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que autorizó el allanamiento del domicilio de la presidenta para incautar los relojes Rolex.
Pese a que el Tribunal Constitucional anunció que la presidenta podía participar en la audiencia en Arequipa, Dina Boluarte no viajó ni intervino virtualmente, por lo que participó solo su abogado.
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