La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, que preside María Acuña (Alianza Para el Progreso), archivó cuatro denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes en las protestas en el 2023.
Las denuncias constitucionales que presentaron congresistas de distintas bancadas contra la mandataria y los ministros de la PCM, del Interior y Defensa que ocupan esos cargos entre el 2022 y 2023 las desestimaron y enviaron al archivo.
Las denuncias las presentaron Ruth Luque, contra la presidente Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, el exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, el exministro del Interior Cesar Cervantes y el exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, por la presunta infracción a la Constitución y la posible comisión de los delitos de Homicidio calificado y Lesiones graves, tipificados en el Código Penal.
Y las otras dos las interpuso la congresista Silvana Robles, contra la mandataria, el exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, los exministros del Interior César Cervantes y Víctor Rojas y el exministro de Defensa Jorge Chávez, por la posible comisión de los delitos de Homicidio calificado y Lesiones graves; tipificados en el Código Penal.
Sustentos para descalificar denuncias fueron casi los mismos
En la Sesión Extraordinaria de la SAC, en la que solo estuvo presente María Acuña, se repitió prácticamente el mismo sustento para las cuatro denuncias: «no cumple con el criterio que los hechos denunciados constituyan a infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal», dijeron los congresistas o abogados que leyeron las calificaciones.
También sostuvieron en sus conclusiones que las denuncias no cumplen los requisitos establecidos para admitirlas a trámite, “al no verificarse la relación directa entre los hechos denunciados y la comisión de infracción”.
Destacan los “hechos de violencia” que protagonizaron los ciudadanos
Al momento de leer los informes, recordaron que en ciudades como Arequipa, Apurímac, La Libertad, Ayacucho, Junín, entre otras, se “generaron hechos de violencia a raíz de las protestas contra el Gobierno de Boluarte. Dichos enfrentamientos dejaron a varias personas sin vida”.
Fundamentaron incluso que, una de las denuncias tenía “una vertiente de juicio político y ante juicio político” como la que presentó la congresista Ruth Luque, quien presentó la cronología de los hechos del 17 de enero del 2023 en los que se reportaron 17 personas muertas y 73 heridas y que se dieron “en un contexto de violación de derechos humanos, imputándoselo a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Policía Nacional del Perú (PNP)”.
Denuncia contra Boluarte por asunción al mando que generó las protestas también fue descalificada
Otra de las denuncias contra Dina Boluarte que también enviaron al archivo fue la que presentó el congresista Jaime Quito, contra la presidenta Boluarte y el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, por la presunta infracción a la Constitución y la posible comisión de los delitos de Usurpación de Función Pública y Aceptación Ilegal del cargo tipificados en el Código Penal.
La acusación da cuenta de la vacancia de Pedro Castillo de manera irregular y la asunción al mando de Dina Boluarte así como de Alberto Otárola sin cumplir con los requisitos de ley. Estos hechos desencadenaron las protestas sociales que determinaron a su vez la declaratoria de emergencia y medidas de control de las manifestaciones a cargo de las fuerzas armadas y policiales que dejaron como consecuencia muertos y heridos.
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