En medio de fuertes medidas de seguridad, la presidenta Dina Boluarte se retiró de la sede de la Fiscalía de la Nación, a donde acudió para declarar en torno a la investigación por las 49 muertes causadas por las Fuerzas Armadas y Policiales en las protestas contra su gobierno, en diciembre del 2022 y enero del 2023.
Sin embargo, la mandataria no respondió a las preguntas que le formuló la Fiscalía y la Procuraduría del Estado. Tampoco lo hizo a la prensa a su salida de la Fiscalía, pero sí lo hizo su abogado Joseph Campos, quien afirmó que “esta investigación debe cerrarse pues no tiene asidero”.
Dijo que “no hay víctimas ni victimarios. Que no están los peruanos que murieron y hay que tener respeto a ellos…buscar una verdad de manera seria y objetiva y que hay que conciliar por seriedad lo que necesita el descanso de las víctimas y también los llamados victimarios, los policías” a quienes defendió hasta por dos veces.
Campos refirió que sí han respondido a la fiscal de la Nación, solo que han pedido que se extiendan las declaraciones anteriores a todas las consultas. Adelantó que no participarán en futuras declaraciones, porque “la investigación no tiene sustento legal y que están comprometidos en colaborar de manera objetiva y profesional”.
Otárola deberá acudir por la tarde
En esta nueva citación también debía dar más información sobre tres hechos que no fueron tomados en cuenta en la etapa inicial de la investigación, según dijo Carlos Rivera, abogado de las víctimas a La República.
Se trata de “los crímenes perpetrados en Cusco y Lima, y las lesiones perpetradas en Pucallpa, hechos que no estaban inicialmente registrados”, dijo el letrado.
La mandataria llegó al promediar las 8:55 horas y permaneció por una hora y media y en ambos casos, hubo un fuerte resguardo policial. Desde las primeras horas del día se cerraron cuatro cuadras alrededor de las instalaciones de la Fiscalía en el Cercado de Lima. El vehículo oficial y su comitiva ingresó por la puerta del jirón Santa Rosa, que es un acceso paralelo a la puerta principal.
Esta citación al Ministerio Público corresponde a la investigación preliminar que se le sigue a Dina Boluarte, que se amplió por 45 días más, tanto para la jefa de Estado como para el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Él debe acudir a la Fiscalía a las 14:30 horas para rendir su manifestación también sobre el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas.
Gobierno difunde otra narrativa en el exterior sobre las protestas
Gustavo Adrianzén, embajador de Perú ante la OEA y exministro de Justicia, entrevistado por La República sobre las protestas dijo: “la verdad se ha ido abriendo paso poco a poco”.
Aseguró que en los “hechos de violencia, hubo vándalos que no solo ocasionaron daños a la propiedad pública y privada. También impidieron que ambulancias circulen y se pueda ‘salvar a cientos’ de ciudadanos que estuvieron heridos”.
Y al ser cuestionado sobre su afirmación de que se trataba de vándalos, cuando pruebas y testimonios lo contradicen, se ratificó. Volvió a asegurar que “en los lugares donde estallaron las protestas, son justamente los puntos donde hay crimen organizado”.
Respecto a la crítica internacional sobre el tratamiento de los derechos humanos en nuestro país, Adrianzén también respondió. Dijo que “hemos tenido que hacer frente a cuatro informes: del Departamento de Estado de EEUU, Human Rights Watch. Y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional de forma similar. Dijo que Desde el primer momento, el Gobierno dijo que lamentaba los sucesos y las víctimas. No hubiésemos querido que nadie muera, pero “afortunadamente” la verdad se ha ido abriendo paso poco a poco”.
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