La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionales dos artículos de la ley de extinción de dominio impedirá la persecución de los bienes mal habidos por la corrupción y el delito y más bien los beneficiará con la devolución de lo incautado a favor del Estado al que perjudicaron.
Como ya se informó, la Defensoría del Pueblo (DP) planteó este cambio, alegando que el dispositivo normativo atentaba contra el derecho a la presunción de la inocencia, el derecho a la propiedad y la vulneración al principio de retroactividad sobre los bienes afectados. Y fue precisamente cuando la hermana del titular, Josué Gutiérrez, pedía se le devuelva una motoniveladora que habría sido traída de contrabando.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el juez supremo coordinador del subsistema de Extinción de Dominio, Manuel Luján Túpez; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; y el Ministerio de Justicia, habían rechazado su cuestionamiento o desaparición.
Esto, porque según los datos del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público (MP), que trabajaban los procesos con este Decreto Legislativo de extinción de dominio, se recuperaron bienes y activos ilícitos con mayor celeridad en comparación con un proceso penal, evitando así que estos puedan ser ocultados de la justicia.
¿Quiénes se beneficiarán con lo que aprobó el TC?
Con el dispositivo se incrementó la efectividad de la lucha contra la criminalidad organizada, contra la administración pública, el lavado de dinero, entre otros; al despojarlos de sus bienes obtenidos ilícitamente. Pero ahora corren peligro los casos que se encontraban en trámite en el Subsistema Especializado de Extinción y Dominio, entre la fiscalía y el Poder Judicial, pues serían anulados y archivados.
Entre los beneficiados están expresidentes, congresistas, políticos, empresarios, mineros informales y hasta un exterrorista.
Así, serían favorecidos los familiares o la sucesión del expresidente Alan García y contra montos de dinero incautados al abogado (árbitro) Horacio Cánepa, sobre quienes hay procesos de extinción de dominio.
También se beneficiaría el entorno de Alberto Fujimori, por cuya corrupción, en la década de los 90 hasta el 2018, se incautaron más de USD 16 millones relacionados con el expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, entre cuentas bancarias y propiedades.
La Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima, con una resolución judicial, ordenó que el inmueble del testaferro de Montesinos, Víctor Venero Garrido, valorizado en USD 4 millones 450 mil 395 dólares, se transfiera al Estado. Todos esos bienes tendrían que devolverse a quienes corresponda tras la decisión tomada por los magistrados del TC.
¿A quiénes más les conviene este cambio?
Igualmente, en el caso del expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, el juzgado especializado admitió a trámite la demanda de extinción de dominio contra ocho inmuebles de la sociedad conyugal adquiridos por USD 5′126.716,14. Está, además, la cuenta de Eva Rose Fernenbug, suegra de Toledo Manrique, por USD 42.237,70.
En el caso de Martín Vizcarra, el juzgado de extinción de dominio dictó orden de inhibición contra 15 bienes inmuebles en Lima y Moquegua, valorizados en S/. 5′810.252.
El subsistema de extinción también tiene un proceso del congresista de Podemos Perú, José Arriola Tueros, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Los Niños. Esta demanda es contra los montos dinerarios S/33.570 y USD 71,950 que le incautaron.
También en proceso de extinción están cuatro inmuebles y dos vehículos valorizados en S/.12′772.622,85 de la empresaria Sada Goray y el comunicador Mauricio Fernandini, por presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.
Hermana de Defensor del Pueblo y hasta “Artemio” se favorecerían
Precisamente, una de las beneficiadas con la inconstitucionalidad de la actual norma sobre extinción de dominio sería Sara Gutiérrez, la hermana del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, actualmente en un proceso de extinción de dominio sobre un vehículo de la empresa que representa.
Vladimir Cerrón, el prófugo líder de Perú Libre (PL), tiene un proceso en la fiscalía para que el PJ emita una sentencia que ordene que S/. 1´613.512,43 que se le incautó al exgobernador regional de Junín pase al Estado Peruano.
También están en proceso de extinción de dominio, los bienes del abogado Rodolfo Orellana y del narcotraficante Lucio Tijero.
Hay otros casos de extinción de dominio vinculados al lavado de activos, delitos medioambientales y minería ilegal. Por ejemplo, la incautación de 68 barras de oro de 111.50 kilos, valorizadas en USD 7′000.000, que se informó en agosto del 2023.
Asimismo, se estaba procesando las demandas de extinción contra bienes del terrorista Florindo Flores Hala, » Artemio”, provenientes de actividades terroristas.
Delia Espinoza: “Es un retroceso, norma fue ejemplo ante la comunidad internacional”
“El Tribunal Constitucional ha consagrado un retroceso, un lamentable retroceso respecto a los dos artículos que se han declarado inconstitucionales de la ley de extinción de dominio que favorecerán a muchos, próximamente”, advirtió la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
«¿Qué significa[ba] esta ley para la lucha contra el crimen organizado?, las armas, las herramientas, los instrumentos que tenemos los fiscales para luchar y combatir la delincuencia», dijo la titular del Ministerio Público. “Son las leyes -no tenemos otra herramienta- para poder hacer prevalecer la legalidad y el respeto al Estado de derecho”, agregó.
La modificación dispuesta por el Tribunal Constitucional determina que no se pueda continuar con la extinción de dominio de bienes capitales de hechos producidos hasta antes del 2018. Eso llevará a una conclusión que muchos bienes capitales, que en el momento son materia de incautación, van a tener que devolverse, reparó.
“No voy a tocar nombres específicos respecto de quiénes se favorecerían o ya se van a favorecer en los hechos próximamente con esta decisión de retroceso, pero podrán advertir que son numerosos los personajes que se van a ver librados de esta persecución válida, legal”, enfatizó.
Delia Espinoza señaló que desde la Fiscalía verá posteriormente qué acciones se pueden impulsar para recuperar esta importante herramienta que hasta el momento significó un gran éxito y ya puso al Perú como un ejemplo ante la comunidad internacional respecto a la extinción de dominio.
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