El megaproyecto del Puerto Multimodal de Corío, con una inversión estimada de 7,000 millones de dólares y más de 50,000 empleos proyectados, enfrenta una suspensión técnica por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). La medida se tomó el 13 de agosto tras un pedido urgente del gobernador regional Rohel Sánchez y la detección de un “vicio de nulidad trascendente” en el proceso administrativo.
El gobernador de Arequipa, pidió públicamente la suspensión de la viabilidad otorgada a un consorcio de reciente creación, por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Luego, en una entrevista a RPP, Rohel Sanchez apuntó contra el actual presidente de la APN, de estar implicado en un presunto tráfico de licencias. Pidió la destitución de Juan Ramón Arrisueño, ya que este funcionario del MTC habría sido consultado sobre el consorcio para el proyecto el año pasado. Actualmente, a la titularidad de la APN contradijo acuerdos dando luz verde al cuestionado consorcio.
Megapuerto de Corío: Gobernador de Arequipa cuestiona al presidente de autoridad portuaria
“El megapuerto de Corío no puede caer en manos de mercaderes», señaló enfáticamente Rohel Sánchez. La APN dejó sin efecto la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) otorgada al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, conformado por empresas sin experiencia portuaria, según denunció el gobernador. El consorcio recibió la VTTP el 8 de agosto, pero la resolución se suspendió cinco días después.
En medio de esta controversia, representantes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han sido consultados. Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos, declaró el 15 de agosto que ve al puerto como “potencialmente un proyecto importante». Destacó además que se ubica en un entorno de «alto crecimiento sostenido» el proyectado como hub logístico con un calado de 28 metros (de profundidad) que permitiría recibir embarcaciones de gran tamaño. Las declaraciones las compartió con RPP.
El proyecto, impulsado por el Gobierno Regional de Arequipa, será reevaluado mediante un análisis de costo-beneficio para definir si se desarrollará como Asociación Público-Privada estatal o bajo habilitación administrativa.
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