Las Comisiones Ordinarias del Congreso quedaron conformadas y algunos de los nuevos titulares de estos grupos de trabajo han generado algo de sorpresa, pero sobre todo cuestionamientos. Pues, contradictoriamente, tienen intereses lejanos a los objetivos sociales asignados a las comisiones. Algunos tienen procesos judiciales o investigaciones fiscales, o han cometido presuntas irregularidades. Otros no cuentan con estudios o los que tienen, no son afines al “sector” sobre el que trabajarán.
Esto, pese a que, en el Reglamento del Congreso, en su Artículo 34 referido a las Comisiones Ordinarias o grupos de trabajo especializados de congresistas, se señala que “en la conformación de las Comisiones se procura aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia”.
Y como ocurrió con el “reparto” de las comisiones para las bancadas, las designaciones de quienes ahora son sus directivos también fueron «negociadas», ya que no se debatió ni hubo objeciones y fueron aprobadas “por unanimidad”, sin importar trayectorias ni antecedentes. Así quedaron conformadas las principales.
La elección de las mesas directivas de las comisiones ordinarias se inició el lunes 11 de agosto y culminó este viernes 22, con la elección del vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Aquí explicamos cómo quedaron integradas las más importantes y quiénes las conducen para tener más claro el rumbo que tendrán las decisiones. Información para ver si son idóneas sus directivas.
Comisión de Constitución y Reglamento
Su presidente es el congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular, elegido por unanimidad. Toma la posta que dejó Fernando Rospigliosi. La principal tarea que se ha planteado este grupo es llevar a cabo el debate y aprobación de los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados.
Alegría García no cuenta con título universitario. Solo tiene estudios inconclusos en Ingeniería de Sistemas y en Marketing, de acuerdo con la hoja de vida que presentó al postular al Congreso. Pero ahora preside la comisión que ha hecho más de 50 cambios a la Constitución como si fuera una Constituyente.
Lo acompañarán en la mesa directiva, Luis Aragón Carreño, de Acción Popular, como vicepresidente, y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, de Alianza Para el Progreso, como secretario. Además, la integran 29 congresistas, quienes sesionarán los martes a las 10:00 a. m.
En esta comisión se eligió a la también congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez Gallegos, como presidenta de la Subcomisión de Control Político que integrarán 17 miembros.
Comisiones de Fiscalización y Ética
Elvis Vergara, el congresista de Acción Popular, tiene una denuncia constitucional por el caso Los Niños y, no solo dirigirá la comisión de Fiscalización, sino que también presidirá la de Ética. Según declaró el mismo, porque “nadie quiso aceptar ese último cargo”. Ahora se centran en él dos comisiones que han sido muy influyentes en este Congreso.
Si en un inicio, desde su propia bancada y su partido, se opusieron sus colegas y correligionarios, al momento, no se ha conocido una acción concreta para cambiarlo. Silvia Monteza también de AP, aseguró que su designación para presidir Ética no se consultó y por eso pidió que intervenga el presidente del partido, pero más allá de un comunicado del partido, no hay nada oficial.
La denuncia que tiene Vergara Mendoza de la Fiscalía de la Nación es por presuntamente integrar una organización criminal. El legislador habría negociado votos en el Parlamento para direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Producción; así como en la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos con el expresidente Pedro Castillo.
Lo acompañarán en la mesa directiva de Fiscalización, los parlamentarios Carlos Zeballos Madariaga (BDP) como vicepresidente, y Juan Burgos Oliveros (PP), como secretario y quien fuera presidente de esta. Y si bien en un inicio dijo que no aceptaría, al momento, figura en la lista oficial. La comisión acordó sesionar los lunes a las 11:00 a. m.
En la comisión de Ética, lo acompañan en la mesa directiva Alex Paredez Gonzales (SP) en la vicepresidencia y Pasión Dávila Atanacio (JP – VP -BM, con el cupo de BDP) como secretario. La comisión sesionará los lunes a las 15:00 horas.
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
El expresidente del Congreso (2023–2024), Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), dirigirá la Comisión de Presupuesto. Estarán también en la mesa directiva, los legisladores Raúl Doroteo (Acción Popular) como vicepresidente y Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular) como secretario.
Soto Reyes es uno de los 14 parlamentarios investigados por la presunta red criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se le atribuye, a nivel preliminar, dos delitos: cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico, por supuestamente aceptar someter a debate en el pleno una moción contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a cambio o “ventaja” de que Benavides archive una investigación que seguía en su contra.
Además, en su gestión como presidente del Legislativo, se blindó a congresistas acusados de “mochasueldo”, como Magaly Ruiz y Edgar Tello, y se redujo el nivel de transparencia.
Comisión de Vivienda y Construcción
La congresista María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) es la nueva presidenta de esta comisión. Tuvo un desempeño cuestionable en varios casos, como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque el grupo de trabajo rechazó las denuncias de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios.
Además nunca debió ejercer el cargo de presidenta de esa subcomisión, porque según el Reglamento del Congreso, los congresistas están prohibidos de integrar, entre otros, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “cuando se encuentre comprendidos en procesos penales”. Y María Acuña, hermana del líder de su partido, César Acuña, tiene un proceso penal abierto por presunto fraude procesal y denuncia calumniosa.
Pero lo más grave son las denuncias que tiene de invasora, por ocupar espacios públicos en Lima y Chiclayo, lo que ella niega. En su gestión le tocaría ver y decidir sobre nirmas que tienen que er n estos delitos.
Además, según El Comercio, Acuña realizó trámites para obtener una concesión minera en Lambayeque, a pesar de que la Ley General de Minería prohíbe a los legisladores dedicarse a esta actividad mientras ejercen el cargo.
Pero al Congreso no parece importarle y ahora es presidenta de la Comisión de Vivienda, en la que Acuña está acompañada por Guido Bellido (Podemos Perú) como vicepresidente y Américo Gonza (Perú Libre) como secretario. Han decidido realizar sus sesiones ordinarias los días martes desde las tres de la tarde.
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
Víctor Flores (Fuerza Popular) es el presidente de la Comisión de Economía, cargo que asume en medio de cuestionamientos por un posible conflicto de interés, porque como El Comercio reveló, mientras debatía y votaba a favor de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), no informó que sus empresas poseen concesiones en zonas donde operan mineros informales.
Como se informó, tanto en el 2021 como en el 2023, el legislador fujimorista respaldó la ampliación del Reinfo, que desde que se creó, ha permitido que la minería informal e ilegal continúe operando. En 2025, volvió a votar a favor de la ampliación y exigió al Gobierno «un acompañamiento más activo a los 35 mil mineros ilegales excluidos del Reinfo». El año pasado, Víctor Flores estuvo en una indagación fiscal contra una presunta organización de minería ilegal en La Libertad, pero no hay una acusación formal.
Y justamente en la comisión que ahora preside está en espera el proyecto de ley que autorizaría al Banco Central de Reserva, comprar oro a la pequeña minería y minería artesanal, que a decir de los especialistas abriría la puerta a la comercialización de oro ilegal.
La mesa directiva la completan los congresistas Ana Zegarra Saboya (SP) y Elvis Vergara Mendoza (AP), como vicepresidenta y secretario, respectivamente. La comisión acordó sesionar los miércoles a las 10:00 horas.
Comisión de Salud y Población
La congresista Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso, habría exigido recortes de sueldo a trabajadores de su despacho, por lo que tiene una denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en abril de 2024 por los presuntos delitos de concusión y colusión. Pese a que sería “mochasueldos”, cuenta con el respaldo de su partido.
Como se recuerda en marzo del 2023, “Punto final” reveló el testimonio Carlos Marina, extrabajador parlamentario quien denunció que abonaba S/1.500 mensuales de su salario para la congresista quien manifestaba estar “endeudada hasta el cuello” por los gastos hechos en la campaña que la llevó al hemiciclo.
La Comisión de Ética de entonces, que integraban congresistas con denuncias similares, no la suspendió y le redujo la sanción a una multa equivalente a 30 días de remuneración. pese a lo grave de las imputaciones.
Ruiz Rodríguez, aseguró en el 2023 que la denuncia en su contra venía de “dichos improbados”. Pero la fiscalía tiene testimonios y grabaciones que refieren que no solo recortó los sueldos, sino que intentó influir en las declaraciones de otra extrabajadora ante el Ministerio Público.
Integran este grupo de trabajo, la legisladora Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre) como vicepresidente y Luis Picón Quedo (Podemos Perú) de secretario, para Periodo Anual de Sesiones 2025- 2026. Sesionarán todos los martes desde las 11:00 horas.
Comisión de Trabajo
Para esta comisión fue elegido presidente Alex Paredes, quien llegó al Parlamento por el partido Perú Libre. Luego se pasó a la bancada Bloque Magisterial y recientemente a Somos Perú. También fue presidente de la Comisión de Ética. Lo acompañarán en la vicepresidencia el parlamentario Segundo Quiroz Barboza (APP) y la legisladora Isabel Cortez Aguirre (PP), como secretaria.
Con su voto ha blindado a congresistas acusados de “mochasueldos”; ha defendido a ‘Los Niños’, que negociaron votos a cambio de obras; a Rosselli Amuruz y a Digna Calle.
También estuvo a favor de la ley que modificó el concepto de organización criminal que tendrá repercusiones sobre expedientes relacionados a actos de corrupción. Paredes también voto a favor de familiares contratados en el Estado: “¿Por qué tienen que pagar las consecuencias?, dijo”.
Y en junio amenazó de forma velada a los legisladores que se opusieron a la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que propuso la Comisión de Energía y Minas que, favorecía a la minería ilegal.
Se le acusó de haber presentado un título falso para obtener la plaza de docente, según denunció el secretario del Sutep. El diploma falso, presuntamente lo expidió la Universidad Católica de Santa María, en 1986, cuando recién habría terminado sus estudios en 2002. Así cobró indebidamente por la categoría A, cuando le correspondía la C (por estudios inconclusos).
Y sin tener título se le nombró director de una unidad escolar de Siguas, lo que sería un delito de estafa contra la administración pública, dijo Hamer Villena, del Sutep. Paredes Gonzáles rechazó la que consideró una campaña de desprestigio de Patria Roja.
Comisión de Educación, Juventud y Deporte
El legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) repite el cargo de presidente de este grupo de trabajo. Lo acompañan en la mesa directiva los congresistas Esdras Medina Minaya (Renovación Popular), como vicepresidente, y Paul Gutiérrez Ticona (Somos Perú), como secretario. El horario para las sesiones ordinarias es los martes a las 9:00 horas.
Y si bien, presidirá este grupo de trabajo, no muestra experiencia profesional o alguna formación académica vinculada al sector Educación. Ante el JNE, reportó que trabajó como chofer de mototaxi (2016 y 2020), y como sonidista (1993 y 2019). Consignó estudios inconclusos en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, en la Universidad Señor de Sipán, en Chiclayo. Y según su hoja de vida, en el 2020, el Poder Judicial declaró fundada una demanda en su contra por violencia familiar.
Montalvo Cubas propuso la llamada ‘ley mordaza’ en 2022 que planteaba incrementar las penas por delito de difamación. También un proyecto de ley a favor de los autos colectivos en mayoría ilegales. Y otro proyecto de ley para obtener el título profesional en una universidad licenciada diferente a la que otorgó el grado de bachiller. En la anterior presidencia de esta comisión, logró que se aprobará la ley que crea 21 universidades nacionales en 15 regiones del Perú, sin tener previsto su financiamiento, ni contar con un análisis técnico, ni garantía de calidad. En el 2024 fue declarada persona no grata por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), por su intento de intervenirla.
Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales y de Control Político
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República quedó oficialmente instalada para el Período Anual de Sesiones 2025-2026, bajo la presidencia de la congresista Lady Camones Soriano (APP). Y se eligió a Jorge Montoya Manrique (HyD) como vicepresidente.
Tras la elección de la comisión de Constitución y Reglamento se eligió también a la presidenta de la Subcomisión de Control Político, recayendo la presidencia en la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez Gallegos. Tras su instalación se eligió vicepresidente a Wilson Soto Palacios (AP) y secretario Isaac Mita Alanoca (PL), para el Periodo Anual de Sesiones 2025 – 2026.
Todo integrantes de la coalición que blinda y da soporte al gobierno de Dina Boluarte y ya ha archivado todas las investigaciones y denuncias presentadas por la Fiscalía de la Nación. Los gatos de despenseros, literalmente.
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