Proponen modificar Ley PIACI y crear grupo con ocho representantes de ministerios, siete de entidades estatales y apenas dos de Pueblos Indígenas Aislados o en Contacto Inicial afectados por proceso de recategorización. Esta semana, el congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 28736, norma que desde 2006 garantiza la protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
La iniciativa plantea una reestructuración del proceso de categorización de estos pueblos. Además, busca la creación de una comisión multisectorial encargada de revisar las reservas existentes.
La propuesta legislativa modifica el artículo 9 de la Ley PIACI, estableciendo que el Poder Ejecutivo deberá remitir cada seis meses un informe técnico a las comisiones de Cultura y Fiscalización del Congreso. Con ello, se quita las prerrogativas al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).
En las normas complementarias de la modificación a la Ley PIACI también se propone la creación de una comisión para la revisión de la categoría de cada pueblo. El proyecto del acciopopulismo pone en duda la existencia de al menos 25 pueblos indígenas en aislamiento y cuestiona la extensión de cuatro reservas indígenas y dos reservas territoriales para la protección de estas comunidades.
El proyecto también va en la línea de recientes eventos que han contado con la participación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y hasta de Gustavo Gutiérrez Ticse, actual integrante del TC. Estas conferencias, en algunas ocasiones organizadas por alcaldes favorables a la propuesta, buscan reducir los territorios de las PIACI, y su recategorización, apuntando contra la consulta previa.
¿Qué propone exactamente el proyecto anti PIACI?
La propuesta de los congresistas de Acción Popular incorpora tres disposiciones finales que crean una Comisión Especial Multisectorial Revisora, encargada de reconsiderar y emitir opiniones sobre las reservas PIACI. Esta comisión estará integrada por 11 entidades estatales —incluyendo ministerios como Energía y Minas, Defensa, Comercio Exterior, Agricultura— y apenas dos representantes de las organizaciones indígenas o sociedad civil de las zonas afectadas. Esta desproporción representativa se añade en las disposiciones finales, no en los artículos nucleares que anuncia la propuesta de modificación.
El proyecto no considera alguna consulta previa para su elaboración a representantes de los PIACI, tampoco de académicos ni de instituciones especializadas, ni de expertos en derechos ambiental o humanitario. Pide la entrega de informes a las comisiones del Congreso cada seis meses por el Ejecutivo (actualmente del Dina Boluarte y Eduardo Arana).
Estos informes deben contemplar el estado de los procesos de categorización de los PIACI y los criterios técnicos, antropológicos y socioambientales utilizados. También debe contener la evaluación de la pertinencia de mantener, modificar o levantar las categorías existentes. Además, establece que los procesos de categorización deberán ser reevaluados cada dos años mediante informes técnicos.
Acción Popular propone modificación a la Ley PIACI: ¿Reforma técnica o estrategia de desterritorialización?
Aunque el proyecto se presenta como una propuesta de “equilibrio” entre protección indígena y desarrollo amazónico, su contenido revelaría una intención de cuestionar la existencia misma de los PIACI y la legitimidad de los territorios reservados para ellos. En su justificación, el documento señala que existen “problemas de verificación” sobre la presencia de pueblos en aislamiento en algunas zonas.
La propuesta del congresista Juan Carlos Morí critica que “la sola solicitud o indicio” haya generado procesos de categorización que bloquean territorios “durante décadas”. Cuestiona la “sobredimensión” de las reservas, señalando que estas limitan actividades extractivas, infraestructura e incluso la presencia del Estado. Además, se queja de una “débil supervisión parlamentaria”, proponiendo que el Congreso tenga mayor incidencia en la categorización.
Actualmente, el Ministerio de Cultura reconoce al menos 25 pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, distribuidos en 4 reservas indígenas y 2 territoriales. Esto abarca cerca de 4.6 millones de hectáreas ubicados mayoritariamente en la Amazonía peruana, territorios asediados por la minería ilegal, la agroindustria, la tala ilegal y la crisis hídrica.
Estas áreas han sido declaradas intangibles para garantizar la supervivencia de pueblos que, por decisión propia, han evitado el contacto con la sociedad nacional. El proyecto de ley, sin embargo, pone en duda la evidencia antropológica que sustenta estas reservas, y plantea la posibilidad de levantar su intangibilidad si no se demuestra “certeza” sobre la presencia de PIACI.
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