Culminada la etapa de investigación por el delito de lavado de activos, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó se inicie el juicio oral al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, en el marco del caso Westfield Capital, vinculado a la empresa brasileña Odebrecht.
Este caso de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado peruano involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, para el que se han admitido 2,577 medios probatorios.
Fue el juez Jorge Chávez Tamariz quien emitió la resolución de más de 2 000 hojas, este lunes 1 de setiembre, en la que dispone el enjuiciamiento del exjefe de Estado y su entonces socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, por este caso. Para ambos, la Fiscalía solicita una pena de 35 años, así como una reparación civil que alcanza casi 46.7 millones de dólares.
Asimismo, el juez dispuso que todo lo actuado sea remitido a un juzgado penal colegiado nacional para que fije fecha y hora del inicio del juicio oral contra el exjefe de estado como parte de este proceso penal.
¿Qué hizo la presunta organización criminal que conformó PPK?
El magistrado acusa a Kuczynski Godard de conformar una presunta organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht y otras, a través de consultorías y asesorías encubiertas, sobre el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur tramos dos y tres, el proyecto de Irrigación Olmos, Rutas de Lima cuando PPK fue un alto funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
El fiscal José Domingo Pérez además de incluir en su acusación -en su condición de “personas jurídicas”- a las empresas mencionadas, para las que demandó la prohibición de realizar a futuro actividades relacionadas al delito cometido con carácter de definitivo y la empresa Dorado Asset Management Company para la cual solicitó su disolución y liquidación.
La Procuraduría Ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó una reparación civil a favor del Estado peruano ascendente a US$ 46 682,264.96 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro con 96/100 dólares americanos).
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