En Arequipa, la situación de la discoteca Liv ha generado creciente preocupación por una combinación de presuntas denuncias de agresión sexual, cuestionamientos sobre su licencia de funcionamiento y operativos de fiscalización que no han logrado esclarecer su estatus legal. Este caso, que involucra a empresarios vinculados a otros locales nocturnos y a figuras políticas locales, revela las dificultades de las autoridades para garantizar la seguridad de los asistentes y la transparencia en la emisión de permisos en el distrito de Cerro Colorado.
Licencia en entredicho
El 30 de agosto una joven ingeniera ambiental de 23 años denunció haber sido víctima de violación dentro de los servicios higiénicos de la discoteca Liv. Según el parte policial, fue hallada inconsciente en la vía pública tras ser retirada del local. La madre de la víctima viajó hasta Arequipa para formalizar la denuncia, mientras el establecimiento continúa operando y sin emitir un pronunciamiento oficial. A partir de ello, se ha cuestionado la seguridad y funcionamiento del lugar.
A inicios de febrero de 2025, la Municipalidad de Cerro Colorado ejecutó un operativo nocturno que incluyó la constatación policial de Liv por presuntas irregularidades en sus documentos. La diligencia se realizó entre las 10:00 p.m. y las 3:50 a.m., dentro de un plan para fiscalizar bares y discotecas. Ante la resistencia de continuar con las labores de fiscalización, se procedió a la constatación policial, con el fin de iniciar el debido proceso administrativo contra el establecimiento, pero no se ha dado más información.
Los registros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) muestran actualmente a Diego Dávila Uyen como gerente general de Liv DISCO SAC. Sin embargo, en 2023 el congresista Ricardo Esdras Medina entregó un diploma de reconocimiento tanto a Dávila como a Marco de Córdova Orihuela por “empresa de éxito del bicentenario”, alimentando las dudas sobre la titularidad y el tipo de licencia.
Red de locales nocturnos en Arequipa
Investigaciones periodísticas previas señalan que Marco de Córdova Orihuela dirige NOIA AQP SAC, local clausurado en agosto de 2024 en la Feria Internacional de Arequipa tras la muerte de una joven. Pese a la disposición de cierre, el negocio reabrió, lo que motivó procesos legales contra sus representantes.
El permiso original para operar en la feria fue emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa a favor de Aldea Group SAC. Sin embargo, el establecimiento que funcionó fue NOIA AQP SAC, bajo la administración de Córdova. Este empresario figura además en MUNAY’S SRL, otro local nocturno de la ciudad, y mantiene vínculos con Liv DISCO SAC.
Los casos muestran un patrón de aperturas de locales en Arequipa amparados en licencias temporales o a nombre de terceras personas jurídicas, lo que dificulta el control municipal. La relación entre estos empresarios y las autoridades locales sigue siendo motivo de cuestionamientos.
Fundo El Rosal y conflictos
La discoteca Liv se ubica en el Fundo El Rosal, predio que aparece a nombre de un familiar directo a excandidato a la alcaldía distrital de Cerro Colorado, Hermes Oscco. En abril de 2024, efectivos policiales y fiscalizadores no pudieron ingresar a un evento en el lugar debido a la oposición de Oscco. «Por qué la detienen, abusivos. Están en mi propiedad. Creen que están en su chacra. No vamos a pagar ninguna coima» se escuchaba en videos caseros del hecho. Pero en 2022, el propio Hermes Oscco negó ser propietario del fundo, aunque admitió que lo administra.
Vecinos de Pachacútec Viejo han denunciado reiteradas veces contaminación sonora y desórdenes vinculados a eventos en el Fundo El Rosal. Pese a ello, el espacio continúa albergando actividades masivas, incluidas las de la discoteca Liv. Hasta el momento, ni la Municipalidad Provincial de Arequipa ni la comuna de Cerro Colorado han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el caso.
Mientras, la discoteca Liv se mantiene en actividad, persiste la incertidumbre sobre la legalidad de su licencia en Arequipa y la ausencia de acciones claras por parte de las autoridades. Los vecinos y la opinión pública esperan una respuesta que garantice seguridad y transparencia en el funcionamiento de los locales nocturnos de la ciudad.
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