La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento para que Fuerza Popular sea anulado como partido político por las presuntas conductas antidemocráticas atribuidas a esta organización que lidera Keiko Fujimori. «Podrían configurar la causal de disolución contemplada en la normativa vigente».
Como se recuerda, Espinoza Valenzuela informó en marzo de este año que, se iba a determinar si Fuerza Popular de Keiko Fujimori, vulneró la Ley de Organizaciones Políticas con conductas antidemocráticas -según el pedido de una ciudadana- por los casos, Cócteles, Mamanivideos, el supuesto fraude en el 2021 y La Resistencia.
De acuerdo con la solicitud hecha a la presidenta de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, Janet Tello Gilardi, para cancelar la inscripción del partido político Fuerza Popular, el Ministerio Público acusa a la agrupación política que lidera Keiko Fujimori de haber vulnerado la Ley Organizaciones Políticas (LOP).
La fiscal de la Nación está solicitando que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y que además se le excluya de las próximas elecciones 2026 sustentando presuntas conductas antidemocráticas atribuidas a esta organización política, que llevaría a su exclusión en las próximas elecciones 2026.
Fuerza Popular promovió atentados contra la integridad de personas
Según el documento, Fuerza Popular habría vulnerado el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), por «desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales».
Detalla que, entre las actividades contrarias a los principios democráticos que realizó el partido político se encuentran, el promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas en un acoso sistemático por parecerles incómodas.
También se acusa al partido Fuerza Popular de promover la exclusión de congresistas de su bancada por razón de disidencia política o libertad de conciencia. Exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno y legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.
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