Cual si se tratara de propaganda proselitista, José Jerí dio su primer mensaje a la Nación. A diferencia de su antecesora —la descarada—, su discurso duró menos de 40 segundos, tiempo suficiente para anunciar el inicio del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. Adelantó que sería “totalmente ofensiva” y acto seguido se despidió, dejando a los periodistas desconcertados por la brevedad del anuncio.
Según el documento oficial que entrará en vigencia desde las 00:00 horas del 22 de octubre, se prohíbe el tránsito de dos personas en moto, habrá intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, se restringirán las visitas en los establecimientos penitenciarios y habrá apagón eléctrico en las celdas. No se ha contemplado el toque de queda, pero sí la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de reunión y de tránsito de carácter masivo sin el permiso correspondiente; es decir, las marchas o protestas están totalmente prohibidas, pero las procesiones, por supuesto, no.
Obviamente, esta medida coincide con el voto de confianza que el gabinete de Ernesto Álvarez planea solicitar al Congreso en cuestión de horas. Pan y circo para sus colegas, y así evitar lidiar con el rechazo social. Qué conveniente.
Tras victoria en el caso Cocteles, Fuerza Popular alista reforma del sistema de justicia con énfasis en la Fiscalía
El fujimorismo ya maquina su venganza contra el sistema de justicia. Los naranjas no se conformarán con demandar a José Domingo Pérez y Rafael Vela, sino que también irán contra los operadores de justicia. En una entrevista con el portal Infobae, Miki Torres reveló que la reforma del sistema judicial es parte fundamental del plan de gobierno que preparan en el feudo de Keiko Fujimori. El vocero de Fuerza Popular apuntó directamente al Ministerio Público, arguyendo que deben orientar sus recursos a combatir a los criminales y no a santas palomas como los involucrados en el caso Cocteles. Nada nuevo bajo el sol, considerando el odio que el fujimorismo siente por la Fiscalía.
Eso sí, los naranjas no usarán la misma vara con la gloriosa Policía Nacional del Perú. Para ellos buscarán restablecer el respeto a la institución. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Bodegas son uno de los negocios más afectados por cobro de cupos
Parece que la fórmula mágica para diezmar al pequeño comercio peruano tiene un nombre claro: inseguridad ciudadana. Con una contundencia que roza lo absurdo, la delincuencia se ha cobrado la módica suma de S/ 6 mil millones y ha logrado el «cierre definitivo» de 2 mil 600 bodegas en lo que va del año. La Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras (AGREMUB), cuyo liderazgo recae en mujeres que constituyen el 70% de este negocio de barrio, observa con ironía cómo se convierten en el blanco favorito de los criminales, forzándolas a invertir en seguridad hasta hacer el negocio inviable. Mientras el Estado responde con las ya clásicas, y poco creíbles, declaratorias de emergencia, las bodegueras trabajan no para ganarse la vida, sino para financiar su propia y frustrante protección. Un plan maestro, sin duda, para acabar con el comercio de proximidad.
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