El Poder Judicial evaluará este viernes 19 el recurso que presentó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori para el archivo del caso Cócteles en el que se le investiga por el presunto delito de lavado de activos junto con otras 14 personas. Su pedido se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) con la que ordenó el archivo del caso, en octubre de este año.
De acuerdo con el TC, “los aportes ilícitos recibidos en campaña electoral no pueden ser considerados delitos porque, hasta noviembre del 2016, no estaba estipulado en la legislación peruana”. Sin embargo, la Corte Suprema no lo determinó así en 2022, según lo afirma el Coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, quien espera que el Poder Judicial no ejecute la decisión del TC.
De ser archivado el caso, otros miembros del fujimorismo quedarían libres de las investigaciones. Entre ellos el exsecretario del partido, José Chlimper, como Antonia Gutiérrez y Adriana Tarazona.
El Ministerio Público presentará sus alegatos para evitar que el sistema judicial archive esta investigación que realiza el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez desde el 2018 contra los miembros del partido fujimorista y por el que Fujimori Higuchi ya estuvo en prisión preventiva dos veces.
¿Qué alegó José Domingo Pérez en su intervención?
El primero en presentar sus alegatos, fue el fiscal José Domingo Pérez quien instó al juez Wilson Verástegui, encargado del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a no ser «mesa de partes» del Tribunal Constitucional, en relación el fallo que diera sobre el caso, ya que sostuvo, “existe un vicio en la resolución”.
Pérez Gómez consideró que la resolución del TC “es política y prevaricadora”, por lo que sugirió al juez a no cumplir esta sentencia, estableciendo que cuenta con «vicios graves» y «premisas falsas». “El Tribunal Constitucional deberá de ser responsable de sus decisiones”, pero que hay jueces que están defendiendo el fuero judicial.
José Domingo Pérez refirió que el fallo del TC expone que el caso nunca ingresó al despacho del juez Wilson Verástegui y que, bajo ese supuesto, sus disposiciones posteriores no tienen efectos legales que lo habilitan para controlar la investigación preparatoria.
«Es como si nunca se hubiera presentado ante usted (la acusación) por lo tanto, no estamos ante la etapa de investigación preparatoria formalizada. Estamos por disposición del TC en la fase de investigación preliminar y en esa fase usted no tiene competencias en el archivo, por el contrario, soy yo el fiscal quien debe tomar la decisión si se archiva o no ese caso. Soy yo el fiscal quien debe decirdir si trasciendo en la historia de la justicia de nuestro país», explicó.
La Procuraduría coincidió con la posición de la Fiscalía de que no es clara la sentencia del Tribunal Constitucional, porque en el suspuesto de que se decida acatar el fallo, el juez no tiene competencia para resolver su archivamiento. «Hemos solicitado que no sea aplicable la sentencia del TC porque suplantaría su no ejecución», argumentó.
Los argumentos de las defensas de los implicados
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, fue la primera defensa en intervenir. Dirigiéndose al juez le recordó que debe de tomar una decisión porque así lo determinó el Tribunal Constitucional en su sentencia y no una reevaluación del caso. «Nosotros no pedimos un nuevo reexamen, el Tribunal Constitucional ha sido claro», refirió. Además, dijo que la decisión del TC es firme porque no se ha presentado ningún tipo de apelación o petición de aclaración sobre la misma de parte de la Fiscalía.
Los abogados de los demás inculpados solicitaron que el fallo dado por el TC a favor de Keiko Fujimori se les haga extensivo a cada uno de sus patrocinados, por estar comprendidos en la misma investigación y porque no hubo delito cuando se recibió el dinero para la campaña porque la ley todavía no lo establecía así en el año en que se determinaron los hechos.
El juez pidió un receso de cinco minutos, a las 11:50 horas.
Rafael Vela: «TC no tomó en cuenta lo que dijo la Corte Suprema en el 2022»
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, recordó que en el fallo del TC no se tomó en cuenta que, en 2022, la Corte Suprema de Justicia, estableció en su sentencia casatoria, que los hechos en investigación son considerados delitos.
Además, refirió que el máximo intérprete de la Constitución «nunca tuvo conocimiento directo, ni el expediente judicial, ni la carpeta de investigación» del caso Cócteles, y que meses atrás, una Sala Constitucional no ejecutó una decisión del TC que vinculaba al JNE.
La audiencia de ejecución de sentencia del TC en el caso ‘Cócteles’, que fue anulado en octubre último debe iniciar a las 9.00 de la mañana. Estará la defensa legal de Keiko Fujimori, así como los del resto de implicados por el presunto delito de lavado de activos.
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