El candidato a la presidencia, José Luna, asegura que no entrega dádivas a los ciudadanos a cambio de votos, pese a lo que se muestra en los videos difundidos por su partido en redes sociales. Afirma que cuenta con la ética y la moral suficientes para realizar este tipo de actividades, argumentando que cobra solo un sol como congresista desde hace más de 20 años.
El líder de Podemos Perú considera que acciones como entregar panetones, regalar árboles de Navidad, dar 200 soles a amas de casa para mostrar cómo cocinan, comprar la mercadería a ambulantes para luego repartirla entre transeúntes o realizar trivias con premios en efectivo no constituyen actos ilegales.
Más allá de estas actividades polémicas, José Luna ha formulado propuestas de política pública que han generado debate sobre si su discurso y planteamientos son vistos como populistas o como intentos por responder a demandas sociales concretas. Una de sus propuestas más destacadas está relacionada con la reforma del sistema de pensiones, que busca incluir no solo a quienes están en planilla, sino también a trabajadores informales como mototaxistas, ambulantes, vendedores y otros sectores que tradicionalmente no tienen acceso a una jubilación digna.
Luna ha planteado que el actual sistema previsional peruano favorece únicamente cerca del 20% de la población que está formalmente empleada, mientras que una gran parte de la fuerza laboral permanece fuera del sistema contributivo tradicional. Su propuesta se basa en mecanismos como la creación de un “capital semilla” financiado por el Estado y aportes basados en el IGV para generar cuentas individuales que, según él, permitirían que informales también puedan jubilar con beneficios dignos.
Estas ideas han sido calificadas por algunos críticos como populistas, dado que implican cambios estructurales y la promesa de beneficios universales financiados con recursos públicos, algo que muchos economistas advierten debe ser evaluado con cautela por su impacto fiscal.
Además de su propuesta de pensiones, Luna ha promovido reducciones en el presupuesto del Congreso, planteando la reducción de sueldos y gastos parlamentarios para destinar recursos a prioridades como la seguridad ciudadana.
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