La provincia de Pataz inicia el año 2026 sumida en una profunda crisis de seguridad. El asesinato de tres personas en una bocamina de la minera Poderosa, ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre, no solo ha enlutado a la región, sino que ha desatado una dura confrontación entre las autoridades locales, la empresa privada y el gobierno nacional.
Cuestionamientos a la minera Poderosa
El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, expresó su indignación ante lo que considera una gestión irregular del incidente por parte de la compañía minera. Según la autoridad, aunque el ataque ocurrió en las primeras horas del 31 de diciembre, la información recién se hizo pública la noche de ese mismo día.
«La pregunta es: si esto ocurrió en la madrugada del 31, ¿por qué se esperó tanto? ¿En qué momento comunicaron a la Fiscalía?», cuestionó Mariños en declaraciones a la prensa nacional, sugiriendo una presunta omisión de protocolos legales por parte de la empresa.
Un estado de emergencia «ineficaz»
Uno de los puntos más críticos de la denuncia del alcalde es la evidente falta de respuesta de los organismos de justicia. Mariños detalló que, durante todo el último día del año, no hubo presencia del Ministerio Público en el lugar de los hechos. Incluso, hasta el mediodía del 1 de enero, los cuerpos permanecían en la zona sin que se realizara el levantamiento legal correspondiente.
Para el burgomaestre, este escenario demuestra que el estado de emergencia y el toque de queda vigentes en la zona son medidas «fallidas». Pese a la inversión gubernamental de 55 millones de soles y el despliegue de más de mil efectivos policiales, las cifras de criminalidad no retroceden: Pataz cerró el 2025 con un saldo de 52 asesinatos.
Promesas incumplidas para Pataz
La autoridad edil enfatizó que las restricciones impuestas por el Gobierno están afectando principalmente a los ciudadanos honestos. «No funcionan los cincuenta y cinco millones que destinaron. El resultado es que agricultores, comerciantes y docentes tienen restricciones para movilizarse, mientras los criminales siguen operando», sentenció Mariños.
El incidente en la bocamina —que la empresa atribuye a un enfrentamiento entre bandas criminales— reaviva el malestar por los compromisos asumidos por el Ejecutivo. El alcalde recordó que, tras mesas de diálogo previas, el Gobierno se comprometió a una reestructuración de la Policía y cambios en el INPE, promesas que, según afirma, aún no se traducen en acciones concretas en el territorio.
La población de Pataz se mantiene en alerta, mientras las autoridades locales exigen que cualquier visita de representantes del Gobierno Central, incluyendo al presidente José Jerí, se realice en contacto directo con las comunidades y no solo en reuniones cerradas con la gran minería.
Elaborado con la ayuda de Gemini.
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