El panorama del transporte en la ciudad blanca parece haber entrado en un callejón sin salida, donde la propia autoridad admite que no tiene respuestas definitivas. Este martes 13 de enero, René Ortiz Zegarra, subgerente de Transporte Interurbano y Especial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ofreció declaraciones que dejan un sabor amargo en la ciudadanía.
Al ser consultado sobre la creciente crisis de informalidad en el transporte urbano, el funcionario fue tajante al señalar que la gestión busca el ordenamiento y no precisamente soluciones inmediatas. Este discurso surge apenas un día después de conocerse la agresión de parte de transportistas informales en contra de un chofer de un bus del SIT y de su hermana. La agresión motivó un operativo realizado el lunes 12 de enero, donde la policía y los fiscalizadores intervinieron en los sectores de Puente Grau y San Lázaro, logrando derivar diez vehículos informales al depósito municipal.
Durante la jornada del lunes, las autoridades detectaron que los conductores circulaban con licencias suspendidas, categorías que no correspondían al servicio y, lo más grave, sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para servicio público. Ante estos hallazgos, Ortiz Zegarra indicó que coordinan con la Policía Nacional del Perú para denunciar a los infractores por el delito de exposición de personas al peligro.
Sin embargo, más allá de la acción punitiva de un solo día, el subgerente reconoció con una honestidad que roza la resignación que el Sistema Integrado de Transportes no logra cubrir la demanda actual. Según el funcionario, la única estrategia real que tiene la municipalidad es la fiscalización constante, aunque admitió que para hablar de resultados positivos primero debería existir una meta establecida, algo que la gestión parece no haber definido todavía.
Propuestas de fiscalización y el uso de parches viales
Para intentar frenar el avance de las denominadas «loncheritas«, la municipalidad planea reforzar su equipo con la contratación de 50 nuevos inspectores bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios antes del 16 de enero. Con este personal, pretenden implementar turnos nocturnos para vigilar las zonas críticas donde los informales operan con total impunidad.
La situación es peligrosa para los trabajadores municipales: Ortiz Zegarra recordó que el año pasado registraron diez agresiones y en lo que va de este año ya reportan dos ataques graves, incluyendo el secuestro de un fiscalizador que terminó desviado de su ruta por un chofer informal. El subgerente admitió que los transportistas que no cumplen la ley son más rápidos y captan más pasajeros porque el sistema formal tiene rutas rígidas que dejan sectores desatendidos.
Como una medida paliativa frente a este déficit, la municipalidad permitirá que las empresas concesionarias incorporen unidades categoría M2 como rutas alimentadoras. Estos vehículos podrán circular en zonas periféricas siempre que cumplan con la normativa técnica, pero tendrán prohibido el ingreso al Centro Histórico. Esta decisión parece ser un reconocimiento implícito de que los buses grandes del sistema formal no son suficientes para la geografía y demanda de la ciudad.
Mientras los gremios de transportistas denuncian agresiones y exigen mayor seguridad, el subgerente Ortiz Zegarra evitó hacer promesas optimistas. Según sus propias palabras, cualquier autoridad que diga que la informalidad se acabará en pocos días está mintiendo, dejando la responsabilidad final en manos de la fiscalización diaria y en la decisión de los usuarios que, por necesidad o rapidez, siguen alimentando el sistema paralelo.
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