Humberto Abanto expuso ante el Tribunal Constitucional el pedido de hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón, con el que busca dejar sin efecto la orden de prisión preventiva dictada en su contra. El abogado sostuvo que el número de investigaciones abiertas contra su defendido es desproporcionado y aseguró que “ni Abimael Guzmán tuvo tantas carpetas fiscales”, calificando la medida como abusiva.
También afirmó que el hecho de que Cerrón se encuentre prófugo es una forma de resistir una decisión que, según dijo, carece de justificación jurídica. Durante la audiencia, Abanto argumentó que la prisión preventiva habría sido utilizada de manera arbitraria y que se estaría vulnerando el derecho a la libertad personal del líder de Perú Libre.
Según su exposición, la medida no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad que exige la Constitución. En el debate ante el Tribunal Constitucional, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse realizó una comparación entre la situación de Cerrón y la de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, señalando que ambos casos reflejarían conflictos con decisiones institucionales.
Sus comentarios generaron debate durante la audiencia, mientras el tribunal evaluaba los argumentos presentados por la defensa. El único magistrado que cuestionó abiertamente la solicitud fue Manuel Monteagudo, quien planteó dudas sobre los fundamentos del hábeas corpus y la situación jurídica del líder político.
Tras escuchar a las partes, el Tribunal Constitucional decidió dejar el caso al voto, por lo que la resolución se conocerá en los próximos días. El recurso presentado por la defensa busca anular la orden de prisión preventiva dictada contra Cerrón en el marco de las investigaciones por presuntos delitos de corrupción y otros procesos judiciales que enfrenta el exgobernador regional de Junín.
Actualmente, el líder de Perú Libre permanece en condición de prófugo, luego de que las autoridades no lograran ubicarlo para ejecutar la medida judicial. La decisión del Tribunal Constitucional será clave para definir si la orden de prisión preventiva se mantiene o si queda anulada. El fallo podría tener impacto en el proceso judicial que enfrenta Cerrón y en el debate político sobre el uso de esta medida cautelar en el sistema de justicia peruano.
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