Durante el foro presidencial en marco de las elecciones 2026 de la Sociedad Nacional de Industrias, Keiko Fujimori señaló que es inaceptable el nivel de impunidad que existe en el país, en referencia a la baja cantidad de sentencias que se obtienen tras la presentación de denuncias.
Las declaraciones de la candidata presidencial de Fuerza Popular generaron críticas debido al polémico archivamiento del caso Cócteles, en el que era la principal acusada por presuntamente integrar una organización criminal vinculada a millonarios aportes irregulares de empresas cuestionadas como Odebrecht.
El Tribunal Constitucional le concedió un hábeas corpus que permitió el archivo del proceso. Esta decisión se produjo en un contexto marcado por cambios legales impulsados desde el Congreso, donde la bancada fujimorista tuvo participación, lo que generó cuestionamientos y protestas de diversos sectores que acusaron al partido de haber favorecido un escenario de impunidad.
El archivo definitivo del caso, dispuesto en enero de 2026 por el Poder Judicial, respondió a la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró fundado el recurso presentado por la defensa de Fujimori. Con ello, se anuló la acusación fiscal por lavado de activos y organización criminal.
Entre los argumentos clave, el TC determinó que se vulneró el derecho al debido proceso durante la investigación y que no existía una base legal suficiente para sustentar la acusación. Además, aplicó el principio de tipicidad, al considerar que los aportes de campaña cuestionados —realizados antes de 2019— no constituían delito bajo la normativa vigente en ese momento, ya que el financiamiento irregular de partidos no estaba tipificado como lavado de activos.
El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ejecutó el fallo y dispuso el sobreseimiento definitivo del caso para más de 30 investigados. Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular aún mantiene abierta una investigación por presunta falsa declaración vinculada al mismo contexto.
A este escenario se sumaron leyes aprobadas por el Congreso entre 2024 y 2025 que debilitaron la base de la acusación fiscal. Entre ellas, la Ley 32108, que redefinió el concepto de organización criminal; la Ley 32130, que permitió levantar restricciones en investigaciones; y la Ley 31990, que limitó los plazos para validar testimonios de colaboradores eficaces. Estas normas, junto con la interpretación del principio de legalidad sobre la no retroactividad de delitos, terminaron configurando un marco que facilitó el archivo del caso.
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