La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, aprobó este miércoles declarar procedente y admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra la expresidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal del prófugo Vladimir Cerrón.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camones Soriano de APP, realizó una sesión extraordinaria en el que se sustentó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional que elaboró la Secretaría Técnica.
En este se concluye que “existen elementos suficientes para incluir los hechos en los tipos penales señalados y que la denuncia cumple con los requisitos formales y de procedencia establecidos en el Reglamento del Congreso”.
A Boluarte Zegarra se le imputa encubrimiento personal agravado, por presuntamente haber facilitado la fuga de Vladimir Cerrón mediante el uso de un vehículo oficial presidencial el 24 de febrero de 2024, eludiendo controles policiales.
En el caso de Juan José Santiváñez, se le atribuye omisión de denuncia agravada, por no haber informado a la autoridad competente pese a tener conocimiento del hecho en ejercicio de sus funciones.
La votación registró 8 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
Denuncia de Pedro Castillo contra congresistas no fue admitida
La SAC también aprobó por mayoría, declarar improcedente la Denuncia Constitucional presentada por el expresidente Pedro Castillo contra diversos congresistas, entre ellos, Martha Moyano, Arturo Alegría, Diana Gonzales y Ernesto Bustamante, por presuntas infracciones constitucionales y los delitos de difamación y organización criminal.
Según el informe se concluyó que, “la denuncia no cumple con el requisito de jerarquía ni sustenta adecuadamente los delitos imputados. Ya que los hechos descritos corresponden a funciones parlamentarias. Tales como el ejercicio del voto, la vacancia presidencial del 7 de diciembre y el levantamiento del antejuicio. Actos respaldados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema”.
Asimismo, se vieron otras dos denuncias que se declararon improcedentes contra el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacaa. Fueron presentadas por las ciudadanas Eudemia Figueroa de Castillo y María Huaita de Mariluz. La de esta última ciudadana se recomendó su improcedencia. «Sin perjuicio de remitir la información al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para las acciones correspondientes”.
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